El Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó en las últimas horas nuevas pruebas de supervivencia de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, quienes fueron secuestrados hace más de tres meses en zona de frontera, mientras desarrollaban labores de inteligencia para el Gaula Militar en un asentamiento humano en las afueras de Cúcuta.
El grupo armado ilegal publicó un video en el que los dos uniformados aparecen con vida y dan fe de su estado físico. En las imágenes, grabadas en un entorno selvático, ambos hombres se identifican con claridad y envían mensajes a sus familias, pidiendo por su pronta liberación y apelando al Gobierno Nacional para que se activen los mecanismos necesarios que permitan su regreso a casa.
La aparición del video se da en medio de un tenso panorama político y humanitario, ya que, según lo denunciado por voceros del ELN, los militares estarían siendo retenidos en territorio venezolano, lo que complica aún más los procesos de negociación y de intervención humanitaria.
Críticas
En el mismo comunicado que acompaña las pruebas de vida, el ELN manifestó su supuesta disposición para entregar a los soldados mediante una operación humanitaria, pero denunció públicamente que no ha recibido una respuesta concreta del Gobierno Nacional para facilitar el proceso de liberación.
“Hemos intentado gestionar la entrega con canales humanitarios y políticos, pero nos encontramos con una falta de voluntad por parte del Estado colombiano”, señala el grupo armado en su mensaje.
La afirmación ha generado indignación entre los familiares de los militares secuestrados, quienes cuestionan la aparente pasividad del Gobierno frente a un hecho que califican como inaceptable. “No entendemos cómo, después de tres meses, no hay resultados. Ni siquiera una hoja de ruta clara. Lo más doloroso es saber que están vivos, que pueden ser entregados, pero no se está haciendo lo necesario para traerlos”, afirmó uno de los familiares en diálogo con medios locales.
Preocupación
Uno de los aspectos más delicados del caso es la posible ubicación actual de los militares en territorio venezolano, lo que representaría una grave violación al derecho internacional humanitario y podría entorpecer las acciones de rescate por parte del Estado colombiano.
Fuentes cercanas al caso, que han solicitado anonimato, afirman que los uniformados habrían sido trasladados a campamentos del ELN en el vecino país, donde el grupo guerrillero mantiene presencia activa y opera con cierto margen de libertad, especialmente en zonas rurales fronterizas. Esta situación plantea no solo un desafío logístico, sino también político, ya que cualquier operación humanitaria requeriría la cooperación del gobierno venezolano, en un contexto de relaciones diplomáticas frágiles y tensiones regionales persistentes.
