Las comunidades del Bajo San Juan enfrentan una situación crítica debido a las restricciones de movilidad impuestas por el ELN y el Clan del Golfo, lo que ha bloqueado las vías fluviales de San Juan, Sipí y Cajón desde el pasado viernes 8 de noviembre. Estas medidas han generado una severa crisis de abastecimiento para las familias que dependen de desplazarse a Istmina para acceder a alimentos y servicios básicos.
Yober Cuesta, personero de Istmina, expresó su preocupación ante el impacto que estos bloqueos están teniendo en las comunidades: «Estas alteraciones al orden público pueden generar hambre en las comunidades y también dificultar el acceso a atención en salud.” La situación es particularmente crítica para aquellos que requieren atención médica urgente, ya que las restricciones de movilidad impiden el traslado de pacientes y el abastecimiento de medicamentos.
Elizabeth Moreno Barco, defensora de derechos humanos, relató su experiencia al quedar atrapada en un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo mientras se desplazaba por el río Sipí junto a otros cuatro ocupantes de su embarcación: “Se desató una fuerte balacera, y quedamos en medio del fuego cruzado. Esto demuestra la peligrosidad a la que están expuestas las personas en la zona”.
En total, se estima que unas 45.000 personas están confinadas en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Nóvita, Sipí y El Litoral del San Juan debido al paro armado, de las cuales más de 7.000 son damnificadas por la reciente ola invernal. La situación de confinamiento agrava aún más la vulnerabilidad de estas comunidades, que enfrentan amenazas tanto por el conflicto armado como por las condiciones climáticas adversas.
La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el impacto del paro armado en los derechos humanos de las comunidades afectadas: “Los organismos de socorro necesitan movilizarse en la zona para verificar las afectaciones, y el paro armado impedirá que las comunidades reciban este apoyo.”
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que el bloqueo armado que comenzó a las 00:00 horas de este sábado 9 de noviembre por parte del ELN, recrudece la crítica situación por la que atraviesa el departamento. pic.twitter.com/URP5cBlrmb
— La FM (@lafm) November 9, 2024
Por su parte, monseñor Mario de Jesús Álvarez, al frente de la Iglesia en la región, condenó el paro armado como una violación al derecho internacional humanitario: “El frente occidental del ELN está imponiendo un paro armado que constituye un grave atentado contra el derecho a la paz y la seguridad de las comunidades.”
Este paro armado es el tercero decretado por el ELN en el Bajo San Juan en lo que va del año, lo que ha sumido a la región en un estado de inestabilidad y constante amenaza para sus habitantes.
