Iniciativa busca retirarle los carros del distrito a funcionarios
El concejal Daniel Briceño prendió nuevamente el debate sobre los gastos innecesarios del gobierno distrital, al radicar un proyecto de acuerdo con el que busca eliminar el uso de vehículos oficiales, transporte especial y gasolina para funcionarios directivos y asesores.
Gasto de 69 mil millones de pesos
Bogotá gasta cerca de 69 mil millones de pesos al año en mantener estos beneficios, mientras la ciudad enfrenta múltiples retos en servicios públicos, movilidad e inversión social. Briceño considera que no es justo que mientras miles de ciudadanos deben sortear todos los días un sistema de transporte deficiente, largas esperas y vías colapsadas, altos funcionarios se desplacen cómodamente en camionetas de alta gama, muchas veces con conductor y escolta, pagadas con recursos públicos. La propuesta contempla que estos gastos sean eliminados y que los servidores públicos, como cualquier trabajador, asuman el costo de sus desplazamientos.
Este recorte, además de significar un ahorro millonario, representaría un mensaje político claro: los funcionarios deben dar ejemplo de austeridad. Para el concejal, la eliminación de estos beneficios es también un acto de coherencia con la realidad de Bogotá y una forma de reducir el abismo entre la ciudadanía y quienes toman decisiones desde los escritorios del poder.
Impacto ambiental y ejemplo ético
Otro punto clave del proyecto es su enfoque ambiental. La reducción del parque automotor del Distrito no solo implica un ahorro económico, sino también una contribución directa a la disminución de emisiones contaminantes. El uso excesivo de carros oficiales también ha generado problemas de congestión, en zonas como el centro o el corredor de la carrera Séptima, donde muchos de estos vehículos circulan con permisos especiales o privilegios de movilidad.
Briceño también enfatizó que su propuesta no afectará a personal operativo ni a quienes realmente requieren transporte oficial para cumplir funciones esenciales, como gestores sociales, personal de emergencias o brigadas móviles. El foco está en los altos cargos que no necesitan estos recursos para desempeñar su labor y que, en la práctica, han convertido este beneficio en un privilegio injustificado.
El proyecto de acuerdo ya está en el Concejo de Bogotá y empezará su curso en las próximas semanas. Aunque se prevé una fuerte discusión con sectores que podrían defender estos beneficios, Briceño confía en que primará la responsabilidad con las finanzas de la ciudad. En un contexto donde se piden esfuerzos a la ciudadanía, reducir los lujos del poder también es una forma de gobernar con el ejemplo.
