Superintendencia impuso millonaria sanción por no licitar 55 procesos públicos
Un nuevo escándalo sacude a la Electrificadora del Huila. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción ejemplar a Electrohuila por prácticas restrictivas de la libre competencia en 55 procesos de contratación pública. La entidad estatal detectó que durante estos procesos se establecieron condiciones desproporcionadas que impidieron la participación libre de oferentes, lo que va en contravía de los principios de igualdad, transparencia y pluralidad en la contratación pública.
Barreras injustificadas
La SIC identificó dos prácticas preocupantes por parte de la empresa. La primera fue el cobro económico exigido a los interesados por el simple hecho de participar en los procesos. Dependiendo del tipo de convocatoria, los oferentes debían pagar entre el 0.1 % y el 0.01 % del valor del presupuesto oficial para poder presentar su propuesta. Esta práctica fue considerada una barrera injustificada que afectó a pequeñas y medianas empresas con intenciones legítimas de participar.
La segunda medida cuestionada fue la prohibición de postularse mediante figuras asociativas como uniones temporales o consorcios. Esto eliminó la posibilidad de que varios oferentes se unieran para cumplir con los requisitos técnicos y financieros exigidos en los contratos, limitando gravemente la participación plural y cerrando el mercado a un reducido grupo de participantes con mayor capacidad individual.
Sanción de siete mil millones
Por estas conductas, la Superintendencia impuso a Electrohuila una sanción económica que supera los 7.000 millones de pesos. No obstante, el ente de control reconoció que, tras iniciarse la investigación, la actual administración, bajo el liderazgo de la gerente Nika Cuéllar, adoptó medidas correctivas para subsanar los errores del pasado.
Entre las acciones tomadas por la gerencia se encuentra la modificación del manual de contratación, la eliminación del cobro por derecho a participar y la autorización de propuestas mediante figuras plurales. Estos cambios estructurales permitieron a la compañía acogerse a una reducción significativa en la sanción impuesta, al demostrar disposición para corregir prácticas que vulneraban el principio de libre competencia.
Gerencia actúa frente a señalamientos
Nika Cuéllar, gerente general de Electrohuila, asumió la responsabilidad institucional frente a los hallazgos y lideró una rápida transformación en los procedimientos internos. Su administración se ha enfocado en devolverle transparencia a los procesos de contratación y restablecer la confianza entre los posibles contratistas. «Nuestro compromiso es con la legalidad, la pluralidad de oferentes y la eficiencia del servicio público», expresó Cuéllar tras conocerse el fallo.
La situación deja a la empresa en el centro de la atención pública, pero también revela una voluntad institucional de corregir el rumbo y garantizar procesos más justos, abiertos y competitivos. En un contexto donde la vigilancia ciudadana y el control institucional son cada vez más exigentes, las acciones de la nueva gerencia marcarán el futuro inmediato de la electrificadora más importante del sur del país.
