La elección del nuevo contralor municipal en Neiva se convirtió en un tema de alta tensión política. Todo comenzó cuando la Universidad del Tolima fue habilitada para adelantar el proceso, a pesar de haber obtenido apenas 32 puntos de 100 en la evaluación técnica y económica. Esta situación desató una lluvia de críticas, encabezadas por el exconcejal Johan Steed Ortiz, quien alertó sobre la posibilidad de que se esté cocinando un “contralor de bolsillo”.
La preocupación no es menor: el contralor que resulte electo tendrá bajo su lupa la vigilancia de más de un billón de pesos del presupuesto local. Por eso, lo que debería ser un concurso claro y transparente, hoy parece enredarse entre dudas, reclamos y sospechas de favoritismo.
Directiva dividida
A la polémica se suma la manera en que se firmó el acto de adjudicación a la Universidad del Tolima. Solo lo rubricaron el presidente del Concejo, Juan Carlos Parada, y el primer vicepresidente, Miller Osorio. El segundo vicepresidente, Jesús Andrés Garzón, decidió no acompañar la decisión, dejando en evidencia una fractura dentro de la propia mesa directiva.
La Procuraduría ya abrió investigación disciplinaria contra los tres directivos del Concejo. El llamado de atención es claro: el proceso no solo levanta críticas ciudadanas, sino que ahora también está bajo lupa oficial. Nadie está por encima de la ley.
Mientras tanto, la ciudadanía pide garantías reales. Neiva no necesita un contralor cercano a intereses políticos, sino un funcionario independiente, capaz de fiscalizar con rigor y sin compromisos. El mensaje que resuena en las calles es uno solo: que el proceso se haga de frente al pueblo y sin trampas.
