En los pasillos de la Gobernación del Cauca se habla cada vez más de un poder que no se ve, pero que se siente. Aunque la estructura administrativa parece funcionar con normalidad, varias fuentes internas y externas advierten que detrás de las decisiones oficiales hay un veto discreto que condiciona el rumbo del gobierno departamental.
Según testimonios de funcionarios y contratistas, muchos procesos —como nombramientos, licitaciones o alianzas estratégicas— estarían siendo frenados o modificados por presiones políticas que no siempre provienen del gobernador ni de los canales institucionales. Se trataría de un grupo de influencia que impone condiciones y define quién entra y quién queda por fuera.
“Hay secretarías que no pueden mover una hoja sin consultarlo antes. Todo debe ser aprobado por un puñado de personas que no siempre dan la cara públicamente”, comentó a este medio un funcionario que pidió reserva de su identidad.
Esta concentración de poder ha generado malestar entre sectores políticos aliados, líderes sociales y gremios, que ven con preocupación cómo se estancan proyectos prometidos en campaña, y cómo se debilita la transparencia en la gestión pública.
La falta de claridad en los criterios para vetar decisiones y personas ha llevado a que algunos hablen de un “gobierno paralelo” que opera con lógica clientelista, alimentado por cuotas de poder y favores cruzados.
Aunque desde la Gobernación no se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias, el tema ya ha llegado a oídos de entes de control y podría escalar a instancias judiciales si se comprueban prácticas indebidas.
Por ahora, el departamento sigue a la espera de una administración más abierta, transparente y con capacidad de gestión sin amarras políticas.
