En medio de crecientes tensiones políticas y administrativas, diversas voces dentro y fuera de la Gobernación del Cauca denuncian la existencia de un «poder de veto» informal que estaría bloqueando decisiones estratégicas y frenando iniciativas clave para el desarrollo del departamento.
Aunque no se trata de un veto oficial, varios funcionarios y actores sociales aseguran que ciertas decisiones del despacho del Gobernador están siendo condicionadas o paralizadas por un círculo reducido de asesores o aliados políticos con fuerte influencia sobre la agenda institucional. Esta situación estaría afectando desde la contratación de personal y la priorización de obras, hasta la ejecución de programas sociales.
“Hay proyectos listos para ejecutarse, con recursos aprobados, pero no avanzan porque alguien cercano al poder dice ‘no’ sin ofrecer razones técnicas ni transparentes. Esa lógica de bloqueo está deteriorando la eficiencia institucional”, afirmó bajo reserva un funcionario de la Gobernación.
La ciudadanía y algunos sectores del movimiento social expresan preocupación por la concentración de poder, la falta de participación real en la toma de decisiones y la lentitud en la ejecución de iniciativas que impactan directamente a comunidades vulnerables.
Desde la oposición, se ha solicitado al Gobernador mayor claridad sobre los criterios que rigen las decisiones estratégicas, así como un llamado a garantizar autonomía técnica en las secretarías y dependencias claves. También se pide fortalecer los mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas.
Mientras tanto, el ambiente dentro del gobierno departamental refleja tensiones internas y falta de cohesión, en momentos en que el Cauca necesita más que nunca una administración ágil, articulada y centrada en resolver los desafíos urgentes del territorio.
