El mes de diciembre vuelve a teñirse de tragedia en el Valle del Cauca. Hasta ahora, las cifras oficiales reportan 30 personas quemadas con pólvora, de las cuales 12 son menores de edad. La escena es repetitiva y dolorosa: cuerpos marcados por la imprudencia, familias quebradas por la irresponsabilidad, y un Estado que parece incapaz de contener la chispa que se convierte en fuego.
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes Duque, ha reiterado el llamado a la ciudadanía para que se abstenga de manipular pólvora. Su voz, firme y sobria, recuerda que estos artefactos no solo afectan a los más vulnerables —niños, adultos mayores, personas con discapacidad— sino también a la fauna y la flora. Sin embargo, sus advertencias parecen perderse en el ruido festivo, como un trueno que retumba pero no logra detener la tormenta.
El estilo caballero negro se impone: la pólvora no es celebración, es amenaza latente. Cada quemado es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la indiferencia institucional. La Gobernación insiste en campañas de prevención, pero la realidad muestra que la pólvora sigue cobrando víctimas, instalando miedo y dolor en las calles del Valle.
La crítica política es inevitable: mientras las cifras crecen, las medidas parecen insuficientes. El silencio de quienes deberían actuar se convierte en cómplice de cada herida. El Valle no necesita más discursos, necesita presencia, control y decisiones firmes. Porque cada explosión no es fiesta, es un eco oscuro que marca la piel y la memoria.
