El Tribunal Administrativo del Meta emitió un fallo favorable a los concejales de Villavicencio William Alexander Hernández Villalba, Diego Alexander Garay Ruiz y Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita, quienes habían sido demandados por Jorge Enrique Molina Rojas, quien buscaba la pérdida de investidura de estos funcionarios públicos.
Demanda
La demanda, presentada el pasado 29 de julio, argumentaba un presunto mal proceder de los concejales en relación con el manejo y aprobación del proyecto de acuerdo 016 de 2024. Dicho proyecto, presentado por el entonces alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, autorizaba un cupo de endeudamiento para el municipio. Posteriormente, tras su trámite y sanción, el proyecto se convirtió en el Acuerdo 57 del 31 de julio de 2022.
Alegatos
Según los alegatos del demandante, los concejales habrían incurrido en irregularidades al momento de debatir y aprobar este acuerdo. No obstante, la defensa de los tres ediles argumentó que su actuación se ajustó a la legalidad, respetando los procedimientos establecidos.
El magistrado Carlos Enrique Ardila Obando, quien tuvo a cargo el análisis del caso, evaluó tanto las pruebas presentadas por el demandante como los argumentos de la defensa. En su fallo, concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar una conducta indebida por parte de los concejales. En consecuencia, los tres integrantes del Concejo Municipal superaron esta primera instancia con un fallo favorable.
Sin embargo, este no será el capítulo final del caso, ya que la decisión puede ser apelada ante el Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia. Por el momento, Hernández Villalba, Garay Ruiz y Bobadilla Piedrahita mantienen su investidura como concejales y continúan ejerciendo sus funciones.
El caso ha generado interés en la ciudadanía, pues pone en el centro del debate la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de recursos y decisiones que impactan directamente al municipio. Además, resalta la importancia del control judicial como mecanismo para garantizar la legalidad en las actuaciones de los representantes políticos.
A pesar de la victoria en esta primera etapa, los concejales deberán permanecer atentos a los posibles desarrollos del proceso en segunda instancia, lo que podría traer nuevas implicaciones para su ejercicio como servidores públicos. Por su parte, Jorge Enrique Molina Rojas, como demandante, aún cuenta con la posibilidad de interponer los recursos necesarios para que el caso sea revisado en una instancia superior.
