La Administración Municipal de Tesalia, liderada por el alcalde Olmer Gustavo Ramos Cuenta, se encuentra en el ojo del huracán tras aprobar y sancionar un acuerdo municipal que pretendía desafectar una zona verde de uso público para su venta a dos particulares. La Gobernación del Huila objetó el acto y el Tribunal Administrativo del Huila lo dejó sin efecto. Ahora, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón abrió investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades.
El proyecto, denominado Acuerdo 11 de 2024, fue presentado por el mandatario ante el Concejo Municipal con el argumento de que los recursos de la venta servirían para adquirir otro terreno con fines similares. Tras superar los debates reglamentarios el 21 y 26 de agosto, fue sancionado el 27 de ese mes. Sin embargo, al llegar a la Gobernación el 3 de septiembre, esta solicitó su revisión judicial al Tribunal Administrativo.
El alto tribunal determinó que el acuerdo era contrario a la ley, pues no se garantizaba la compensación adecuada exigida por la normativa urbanística ni se justificaba la desafectación del bien público. Además, compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía para investigar al alcalde y a los concejales que aprobaron el proyecto, incluyendo a Nexar Guaraca, presidente del Concejo durante 2024.
Procuraduría
La Procuraduría Provincial abrió formalmente investigación contra el alcalde y el entonces presidente del cabildo. En su análisis, se advierte que el proyecto no contaba con el respaldo del esquema de ordenamiento territorial (EBOT) ni determinaba con claridad el uso futuro del predio. Además, carecía de una justificación técnica para transformar un bien público en propiedad privada, lo cual vulnera la Ley 9 de 1989.
Según la Gobernación, la zona verde en cuestión, ubicada en el barrio Villa Otilia, debía mantenerse como bien inalienable y de dominio público, y cualquier modificación debía obedecer a una necesidad urbanística plenamente sustentada y aprobada dentro del plan de ordenamiento territorial.
Defensa del alcalde
Desde la Alcaldía, el abogado Camilo Téllez afirmó que la administración actuó con respeto a la ley y suspendió los trámites en cuanto conoció la objeción departamental. Aseguró que el objetivo era dar solución a un problema habitacional de larga data, ya que dos familias habitan esa zona hace más de dos décadas sin título formal.
“El fallo del Tribunal se acata, pero defenderemos que no hubo dolo ni intención de burlar el ordenamiento territorial”, declaró el jurista, señalando que se inspiraron en una decisión similar del Tribunal del Caquetá.
