El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, a 27 años y 3 meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de octubre de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue adoptada por una mayoría de 4 votos a 1, con los magistrados Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin votando a favor de la condena, mientras que Luiz Fux votó en contra y pidió anular el caso alegando la supuesta incompetencia del Supremo para juzgarlo.
La sentencia es histórica: nunca antes un expresidente brasileño había sido condenado por delitos de golpismo. Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una organización criminal armada, de intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho, de intento de golpe de Estado, de daños calificados por violencia y amenazas graves, y de deterioro del patrimonio protegido.
Junto a él, fueron condenados siete de sus excolaboradores, entre ellos cuatro altos mandos militares retirados que llegaron a ocupar las más altas posiciones en el Ejército y la Armada durante su gobierno: Augusto Heleno (exjefe de Seguridad de la Presidencia), Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira (ambos exministros de Defensa), y el almirante Almir Garnier (excomandante de la Armada). La justicia brasileña destacó que nunca en la historia del país se habían procesado ni condenado a oficiales de tan alto rango por un complot contra la democracia.
El fallo está directamente relacionado con el asalto del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de bolsonaristas tomaron violentamente el Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto en un intento de desconocer el triunfo de Lula da Silva, en un episodio comparado con el asalto al Capitolio estadounidense en 2021. Aunque Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos desde el 30 de diciembre de 2022 y no participó físicamente de los hechos, los jueces consideraron que su responsabilidad era clara dentro de una estrategia política para socavar las instituciones, desacreditar el sistema electoral y buscar mantenerse en el poder más allá de su mandato constitucional.
Las investigaciones revelaron que desde 2021, cuando Lula recuperó sus derechos políticos tras la anulación de sus condenas por corrupción, Bolsonaro inició una campaña de desprestigio contra el sistema electoral brasileño. Se documentó que colaboradores suyos redactaron planes para desconocer los resultados, incluso un borrador de decreto para detener a jueces del Supremo y convocar nuevas elecciones. También se hallaron pruebas de que Bolsonaro discutió con comandantes militares un plan de estado de sitio. Sin embargo, la falta de apoyo de los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea impidió que la conspiración avanzara.
En paralelo, se comprobó que algunos de sus aliados planearon medidas extremas, como el asesinato de Lula, de su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes. Aunque Bolsonaro ha negado haber impulsado directamente un golpe, el Supremo concluyó que lideró y alentó una conspiración institucional y callejera que culminó en el asalto de enero de 2023.
La defensa de Bolsonaro calificó la condena como «excesiva y desproporcionada» y anunció que apelará en todas las instancias posibles, incluso internacionales. La decisión de 4-1 dificulta sus opciones de revertir la sentencia, ya que para que el caso pasara al pleno de 11 jueces del Supremo era necesario un segundo voto absolutorio.
El fallo generó fuertes reacciones internacionales. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, dijo estar «sorprendido» y comparó lo ocurrido con lo que, según él, intentaron hacerle a él en su propio país. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó el proceso como «injusto» y denunció «persecución política». Washington, además, había sancionado previamente al magistrado Alexandre de Moraes bajo la Ley Global Magnitsky, acusándolo de abusos de derechos humanos, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales.
La sentencia contra Bolsonaro marca un precedente inédito en la historia democrática de Brasil, donde un expresidente y parte de su cúpula militar fueron responsabilizados judicialmente por intentar desconocer un resultado electoral. A nivel interno, refuerza la autoridad del Supremo Tribunal Federal frente a amenazas golpistas, pero también polariza aún más la política brasileña. A nivel externo, el caso genera tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos, donde sectores afines a Trump acusan al Poder Judicial brasileño de «caza de brujas».
