Por: David Ríos
El sistema de salud colombiano ha sido reconocido por ampliar la cobertura a gran parte de la población. Sin embargo, la cobertura no siempre se traduce en calidad, oportunidad ni dignidad en la atención. Las quejas por demoras, falta de medicamentos y barreras administrativas son frecuentes.
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han sido el eje del modelo, pero también su principal punto de conflicto. Muchas han priorizado el equilibrio financiero sobre la atención al paciente, generando una percepción de deshumanización del servicio. La quiebra de varias EPS ha evidenciado fallas estructurales del sistema.
En zonas rurales y apartadas, el acceso a la salud sigue siendo precario. La falta de infraestructura, personal médico y recursos básicos refleja una profunda desigualdad territorial. La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia estas brechas y la necesidad de fortalecer la salud pública.
Cualquier reforma al sistema debe partir de un diagnóstico serio y técnico. El objetivo no puede ser únicamente cambiar actores, sino garantizar que la salud sea un derecho efectivo y no un trámite burocrático. Colombia necesita un sistema sostenible, transparente y centrado en el paciente.
