Una vez más, el miedo se impone en el Chocó. Por tercera vez este año, el departamento vive un paro armado declarado por el ELN, ahora bajo el control del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla. Aunque no se han registrado actos violentos, la amenaza ha sido suficiente para vaciar los ríos y las carreteras que conectan al corazón del Pacífico con el resto del país.
Las rutas Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, vitales para el transporte de personas y alimentos, permanecen prácticamente desiertas. Lanchas que solían surcar los ríos con productos, familias y estudiantes, hoy están ancladas, y los comerciantes mantienen sus puertas cerradas ante la incertidumbre.
“Vivimos en un encierro obligado”, comenta un habitante de Quibdó. “No sabemos si salir es seguro. El miedo no deja trabajar”.
Según la Secretaría de Gobierno, cada día de parálisis le cuesta al departamento más de 117 mil millones de pesos. Pero más allá de las cifras, la mayor pérdida es la confianza de las comunidades, que sienten que la violencia sigue marcando su destino.
Mientras tanto, el llamado de los líderes sociales es claro: presencia del Estado, garantías de seguridad y una solución duradera a un conflicto que parece no dar tregua.
