Un reciente estudio reveló que, aunque la mayoría de los países de América Latina cuentan con leyes que garantizan el acceso a la información pública, su aplicación en la práctica sigue siendo deficiente y desigual.
Según los resultados, solo el 44 % de las solicitudes ciudadanas obtienen una respuesta satisfactoria, mientras que en un 40 % de los casos los gobiernos no entregan ningún tipo de información. Estos datos reflejan una brecha importante entre lo que está escrito en la legislación y lo que realmente ocurre en el ejercicio ciudadano.
La falta de respuesta, los retrasos injustificados y el uso de tecnicismos para negar información son algunas de las estrategias que impiden que las personas ejerzan este derecho de manera efectiva. Esto debilita la transparencia gubernamental y limita la rendición de cuentas en una región que enfrenta constantes desafíos en materia de corrupción y confianza institucional.
Expertos en democracia y derechos ciudadanos afirman que garantizar un acceso real y oportuno a la información no solo fortalece la participación ciudadana, sino que también es clave para prevenir abusos de poder y fomentar la transparencia en todos los niveles del Estado.
La conclusión es clara: Latinoamérica tiene leyes, pero falta voluntad política para cumplirlas. El reto está en convertir las normas en herramientas vivas que respalden el derecho de los ciudadanos a saber cómo se toman las decisiones que afectan sus vida
