La reciente designación de Irene Vélez como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha generado una ola de preocupación en diversos sectores. Su paso por el Ministerio de Minas y Energía dejó un historial de decisiones polémicas y consecuencias que aún pesan sobre el país, especialmente en el sector energético.
Durante su gestión en la cartera de Minas, Vélez impulsó un enfoque radical en la transición energética, dejando de lado aspectos técnicos y científicos. Su postura llevó al país a depender de la importación de gas, revirtiendo avances previos y poniendo en riesgo la autosuficiencia energética. Ahora, con el control de la Anla, la incertidumbre se traslada al sector de infraestructura, donde la expedición de licencias ambientales es clave para el desarrollo de grandes proyectos.
Uno de los principales retos que enfrentará es la reactivación de los parques eólicos en La Guajira, proyectos que han estado paralizados por falta de coordinación entre el Gobierno, las comunidades y las entidades ambientales. Además, otros proyectos estratégicos como el canal del Dique, la exploración del pozo Komodo-1 y la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá dependen de decisiones ágiles y fundamentadas en criterios técnicos.
El temor en el sector es que la llegada de Vélez a la Anla signifique más trabas, retrasos y una agenda ideológica que obstaculice la inversión y el desarrollo. Su historial en el ministerio deja dudas sobre su capacidad para gestionar con equilibrio y visión técnica una entidad clave para el crecimiento del país.