La abogada salvadoreña y defensora de derechos humanos Ruth López fue detenida el 18 de mayo acusada inicialmente de peculado, cargo que luego se cambió a enriquecimiento ilícito. Su esposo, Louis Benavides, describe la detención como irregular y denuncia que el proceso fue declarado en secreto por la Fiscalía, dirigida por Rodolfo Delgado, considerado cercano al presidente Nayib Bukele. Desde el 4 de julio, cuando fue trasladada a la Granja Penitenciaria de Izalco, permanece completamente incomunicada, sin acceso a su familia ni a sus abogados, lo que ha generado alertas internacionales.
López, reconocida internacionalmente por su labor anticorrupción —incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la BBC en 2024 y ganadora del Premio Magnitsky 2025— sostiene que es una presa política. Su familia y defensores afirman que las acusaciones son falsas y obedecen a su trabajo investigando presuntos casos de corrupción del gobierno, entre ellos contratos irregulares durante la pandemia y el manejo opaco de fondos en tiendas penitenciarias. Benavides afirma que la intención del gobierno es silenciar voces críticas.
El esposo de López relata que la detención se dio bajo un pretexto fabricado —un supuesto accidente de tránsito inexistente— y que el trato policial fue humillante. También asegura que antes de su arresto ya enfrentaban vigilancia y hostigamiento. Tras su captura y la del abogado Enrique Anaya, muchos periodistas y activistas optaron por exiliarse por miedo, lo que evidencia un ambiente de persecución creciente.
Benavides sostiene que El Salvador vive la consolidación de una dictadura encabezada por Bukele, quien controla las instituciones desde la destitución de magistrados y del fiscal general en 2021. Aunque el presidente goza de enorme popularidad gracias a la reducción de la violencia atribuida al combate a las pandillas, persisten dudas por investigaciones que sugieren pactos secretos con estos grupos. Al mismo tiempo, el régimen de excepción vigente desde 2022 ha sido prorrogado 44 veces, suspendiendo derechos fundamentales y permitiendo detenciones arbitrarias.
Organizaciones como Cristosal —donde López lideraba la unidad anticorrupción— han tenido que trasladar sus operaciones fuera del país debido al riesgo para su personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en septiembre exigiendo mejora de las condiciones de López y fin de su incomunicación, pero el gobierno no ha respondido. Las demoras procesales y el carácter reservado del expediente dificultan la defensa.
Finalmente, Benavides expresa preocupación permanente por la vida y salud de su esposa, así como por el clima de temor generalizado en El Salvador, donde la libertad de expresión se ha erosionado y existen numerosos detenidos sin juicio. Pide a la comunidad internacional vigilar la situación, apoyar un juicio público y justo para Ruth López, y no fortalecer con su respaldo a un gobierno que, según afirma, avanza hacia el autoritarismo.
