Durante el consejo de ministros llevado a cabo en la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro defendió el acto político que protagonizó el sábado en la Plaza de La Alpujarra, Medellín, donde compartió tarima con nueve jefes de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, quienes fueron trasladados bajo custodia estatal para participar en la iniciativa “Paz Urbana”.
En su intervención, Petro defendió enfáticamente la política de paz total y la inclusión de estos excabecillas en el proceso, argumentando que detrás de cada persona privada de la libertad en una cárcel hay un ser humano en busca de redimir sus faltas.
“Yo no subí delincuentes a la tarima, con delincuentes hablaron alcaldes y otros (…) El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación”, sostuvo el mandatario.
El presidente insistió en que su objetivo es lograr un cese definitivo de la violencia y la extorsión en Medellín, ofreciendo beneficios jurídicos a cambio de compromisos claros de desmovilización y reinserción social. Según su parecer, el acto público fue un paso necesario para avanzar en la pacificación de la ciudad, golpeada históricamente por el accionar de bandas criminales urbanas.
Contrario a lo afirmado por el presidente Petro, distintos sectores sociales, políticos y de defensa de los derechos humanos rechazaron el evento. Por ejemplo, el gobernador Andrés Rendón lo consideró una afrenta a la institucionalidad.
Funcionarios de la Alcaldía de Medellín y sectores de la opinión pública advierten que estas estructuras mantienen actividades ilícitas como tráfico de drogas y extorsión, lo que hace cuestionable la posibilidad de un proceso de paz sin una desarticulación previa efectiva.
Además, la exhibición pública de los capos mafiosos junto al presidente, según analistas y opinadores, puede interpretarse como un gesto simbólico que legitima su figura y poder, lo que genera alarma y rechazo.
