La situación llegó al límite el pasado 27 de marzo cuando PLEXA S.A. E.S.P., proveedor del gas, notificó a ENERCER la suspensión del contrato de suministro a partir del 1 de abril. La razón: una deuda acumulada debido al incumplimiento en el pago de subsidios estatales para los estratos 1 y 2, que el Gobierno Nacional arrastra desde el segundo semestre de 2024. En otras palabras, la negligencia oficial puso en jaque a miles de hogares boyacenses.
Al día siguiente, ENERCER lanzó un comunicado de emergencia instando a la comunidad a exigir al Estado el pago de los subsidios y a prepararse para un posible desabastecimiento. La advertencia encendió las alarmas: Miraflores, Páez, Berbeo, San Eduardo, Zetaquira, Campohermoso, Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Chinavita, Pachavita, Úmbita y San Luis de Gaceno estaban al borde del colapso.
El rifirrafe político: culpas cruzadas y respuestas tardías
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El 29 de marzo, Superservicios exigió a ENERCER garantizar la continuidad del servicio, recordándole que, según la Ley 142 de 1994, la empresa es responsable de la prestación del servicio sin importar su situación contractual. La entidad también anunció la conformación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía y las empresas involucradas para evitar la suspensión.
Sin embargo, esta respuesta generó más preguntas que certezas. Si el Gobierno es quien debe garantizar los subsidios, ¿por qué no había pagado a tiempo? Si ENERCER es el responsable del servicio, ¿por qué no tomó medidas antes de llegar al borde del corte?
Una solución bajo presión
El 31 de marzo, a las 8:00 a.m., se llevó a cabo la esperada mesa de trabajo. Superservicios, el Ministerio de Minas y Energía y ENERCER llegaron a un acuerdo: el Gobierno Nacional asumiría la deuda acumulada y garantizaría la continuidad del servicio. Pero esta «solución» deja en evidencia la fragilidad del sistema.
Lecciones no aprendidas
Lo ocurrido en Boyacá es el síntoma de un problema estructural. La falta de previsión, la burocracia paralizante y la falta de coordinación entre el Gobierno y las empresas del sector ponen en riesgo servicios esenciales.
El pueblo, una vez más, fue el más afectado. Fueron las familias quienes tuvieron que vivir días de angustia, preguntándose si podrían cocinar al día siguiente o si la leña y la costosa pipeta de gas serian sus nuevas aliadas. Mientras tanto, las instituciones jugaron al juego de la responsabilidad compartida.
Este episodio deja claro que la política del «parche» no es sostenible. Si no se implementan reformas estructurales en la administración y financiación del gas natural en el país, crisis como esta seguirán repitiéndose, dejando siempre como paganos a los mismos de siempre: los ciudadanos.
