Con la propuesta de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, varios líderes de organizaciones criminales ven una oportunidad inédita para replantear su rol en la vida nacional. Los cabecillas de grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN están en el centro del debate, no solo por su historial violento, sino por las condiciones que el Estado estaría dispuesto a negociar para lograr su sometimiento o incorporación a procesos de justicia transicional. El enfoque del Gobierno busca priorizar el diálogo, sin dejar de lado el control territorial y el restablecimiento del orden institucional.
Más allá de la controversia que genera esta estrategia, lo cierto es que estos jefes criminales están frente a una encrucijada: continuar en la ilegalidad o acogerse a un proceso que podría darles una salida jurídica si colaboran con la verdad y la reparación de las víctimas. La propuesta del Ejecutivo ha polarizado a la opinión pública, pero también ha empujado a muchos de estos actores armados a tomar decisiones sobre su permanencia en el conflicto. En ese contexto, el éxito o fracaso del proyecto dependerá en gran parte de la voluntad real de estas estructuras para abandonar la violencia.
