El presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio de Agricultura comprar excedentes alimentarios de los productores nacionales y distribuirlos en las llamadas “zonas de hambre” del país, donde la inseguridad alimentaria continúa golpeando a millones de personas. La decisión se tomó luego de conocerse los últimos datos entregados por la FAO y el Dane, que muestran avances, pero también grandes desafíos en materia de nutrición básica.
Petro expresó su preocupación en un mensaje en su cuenta oficial de X, donde reconoció que aunque su gobierno ha logrado reducir la inseguridad alimentaria en 1,9 millones de personas, aún hay más de dos millones que permanecen en estado de subalimentación. “Que solo bajemos 200.000 personas las que están en subalimentación avergüenza a este gobierno”, escribió el mandatario, haciendo énfasis en la urgencia de tomar medidas más contundentes.
Aún persiste una profunda crisis alimentaria en zonas rurales y empobrecidas
El reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conjunto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló que más de 14 millones de personas en Colombia enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que no tienen acceso estable a alimentos seguros, nutritivos y suficientes para llevar una vida saludable.
Aunque se ha registrado una disminución significativa en los últimos tres años, el informe confirma que la situación sigue siendo alarmante en diversas regiones rurales, indígenas y urbanas marginadas, donde los índices de desnutrición superan los estándares tolerables. Petro propuso que la compra estatal de excedentes contribuya no solo a aliviar el hambre, sino también a estabilizar el ingreso de los productores agropecuarios afectados por la caída de precios.
El Gobierno busca evitar nuevas protestas del sector agrícola
Durante su intervención, el presidente también se refirió a la reciente protesta nacional de los arroceros, quienes paralizaron carreteras en once departamentos del país para exigir soluciones ante la caída del precio del arroz. Petro cuestionó que haya paros mientras el Estado puede comprar esos excedentes y redirigirlos a las zonas más necesitadas.
“El Estado puede adquirir los excedentes de oferta y llevarlos a donde hay hambre, tanto en Colombia como en otros países del mundo”, aseguró. El acuerdo entre el Gobierno y el gremio arrocero, que benefició a más de 500.000 familias productoras, incluyó la regulación del precio del arroz paddy verde, lo que permitió destrabar el conflicto y reactivar la economía local.
Con esta política de compra directa, el gobierno pretende equilibrar la balanza entre producción y necesidad, evitando que los excedentes se pierdan mientras millones de personas siguen sin poder alimentarse adecuadamente.
