El presidente Gustavo Petro presentó lo que considera la estrategia de pacificación definitiva de Colombia en la etapa final de su gobierno, subrayando que hoy la violencia no se concentra en las zonas rurales, como en el pasado, sino en los centros urbanos, donde operan bandas multicrimen ligadas al narcotráfico. Para el mandatario, la política central de seguridad es desmantelar estas estructuras criminales, complementando la acción de la Fuerza Pública con la transformación de economías ilegales y la inclusión de las juventudes populares.
En su declaración, Petro mencionó dos ejes estratégicos:
- Sustitución de cultivos de coca y legalización de pequeños mineros de oro, para cortar las rentas ilícitas que financian la violencia.
- Incorporar a los jóvenes de sectores populares en educación, cultura y producción, como alternativa al reclutamiento por parte de las bandas.
El mandatario destacó avances de la llamada “paz urbana” en Medellín con la aplicación de la ley de sometimiento, y pidió reforzar los procesos en Quibdó y Buenaventura. También anunció un nuevo escenario en Barranquilla, donde bandas como Los Costeños y Los Pepes firmaron una tregua hasta enero de 2026. La apuesta, sin embargo, no se limita al ámbito militar: el presidente insiste en que la pacificación depende de transformar la economía ilegal y brindar oportunidades a la juventud.
En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que en 2025 las operaciones contra grupos de narcotráfico aumentaron un 50 %, con más de 14.000 capturas y 3.600 integrantes neutralizados. No obstante, Petro advierte que se trata de un escenario distinto al pasado: el narcotráfico ha mutado en redes fragmentadas y globales (BACRIM), que operan como franquicias y se articulan con mafias internacionales en Europa, Oriente Medio y el Caribe. Según el presidente, incluso existe una “Junta del Narcotráfico” transnacional, capaz de cooptar instituciones y financiar atentados en Colombia.
Frente a este panorama, el Gobierno ha rediseñado el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos), pasando de un enfoque individual a uno colectivo, con proyectos agroindustriales (cacao, açaí, vainilla, cardamomo) vinculados a cadenas de valor internacionales. La meta de 2025 es vincular a casi 65.000 familias con inversiones superiores a 500.000 millones de pesos. Paralelamente, se impulsa la legalización de la minería artesanal de oro, quitando a estructuras criminales el control de esta actividad.
El segundo eje —la juventud— busca frenar el reclutamiento en barrios populares mediante programas como Jóvenes en Paz, ampliación de cupos universitarios y proyectos culturales y comunitarios que abran oportunidades de vida digna. Para Petro, el éxito en seguridad requiere tanto policías y jueces como salidas sociales para quienes hoy son la base de reclutamiento de las mafias urbanas.
En cuanto a los indicadores, el presidente aclaró que no hay un aumento generalizado de homicidios, aunque ciudades como Medellín y Pereira siguen siendo críticas por el control territorial de bandas, mientras que otras como Tunja o Montería presentan tasas comparables a países seguros. De ahí su llamado a vigilar puertos, aeropuertos y corredores estratégicos, donde el crimen organizado busca expandir sus rentas.
En conclusión, la propuesta de Petro marca un giro histórico en la política de seguridad: pasar de la guerra contrainsurgente en el campo a la pacificación urbana frente a estructuras multicrimen globalizadas. Su visión se centra en combinar acción policial y militar, transformación económica y justicia social, con el objetivo de dejar como legado una política de seguridad con menos muertos y más oportunidades para los sectores históricamente excluidos.
