Los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) no solamente son dueños del agua en ese departamento, sino de la tierra, de los recursos naturales y de un sistema normativo paralelo con el que ellos son quienes toman las decisiones sobre el resto del territorio. Es decir, allí no valen los derechos de las comunidades afros, campesinas y otros resguardos indígenas no afiliados a esa organización.
¿Cómo lo lograron? En el segundo semestre del año pasado, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1094, también llamado Atea (Autoridad Territorial Económica y Ambiental). Con eso le entregó superpoderes, sobre todo, el territorio caucano, únicamente al Cric. Esta organización decide acerca de la captación y disposición de agua en todos los cuerpos hídricos, así como de lo que se puede sembrar en la tierra y del uso que se le dé. Básicamente, a ellos se les debe solicitar un permiso especial para cualquier actividad comercial que involucre agentes ambientales.
Pero detrás de esta supuesta autonomía hay algo más grave: denuncias de comunidades que aseguran que el Cric actúa como una autoridad impositiva, muchas veces por fuera de la ley, exigiendo pagos, imponiendo restricciones e incluso obligando a cambiar cultivos bajo amenazas o sanciones sociales. “Ellos se creen los dueños de todo. Nos piden que quitemos el café para sembrar maíz, y nos cobran si queremos seguir cultivando como siempre lo hemos hecho”, dice Carmen Hurtado, lideresa afro de la vereda El Jagual, en el municipio de Toribío.
La situación ha sido denunciada por múltiples actores locales que afirman que el Cric, amparado en el Decreto 1094, creó un sistema cerrado en el que no hay espacio para el disenso. En palabras de Javier Londoño, campesino del corregimiento El Plateado, “ya ni la ley sirve aquí. Lo que dice el Cric es lo que se hace. Uno no puede sembrar una hectárea de plátano sin tener que pedirles permiso o pagar una ‘contribución’, que no va para el Estado, sino para sus arcas”.
