Sandra Ortiz, exfuncionaria de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien fue recientemente enviada a prisión preventiva por su presunta participación en actos de corrupción, podría estar expuesta a un grave riesgo dentro del sistema penitenciario. Según expertos en seguridad y derechos humanos, la situación de Ortiz podría volverse peligrosa debido a la naturaleza de los cargos que enfrenta y las posibles amenazas relacionadas con su caso.
Ortiz, quien fue parte del gobierno de Gustavo Petro, está involucrada en una investigación por corrupción en el manejo de recursos públicos para situaciones de emergencia, un delito que podría generar adversarios en el ámbito político y económico. Fuentes cercanas a su defensa han expresado preocupación por su bienestar físico y psicológico, dado que el sistema penitenciario colombiano enfrenta una serie de problemas de seguridad y hacinamiento, lo que aumenta el riesgo para quienes se encuentran en prisión preventiva.
La situación ha generado un debate sobre las condiciones de detención de los implicados en casos de alta relevancia, con algunos abogando por medidas especiales de protección para evitar posibles agresiones o abusos dentro de la cárcel. A pesar de la controversia, las autoridades penitenciarias han asegurado que se tomarán las precauciones necesarias para garantizar su integridad mientras se resuelve su situación legal.
Este nuevo giro en el caso de Sandra Ortiz resalta las complejidades y riesgos asociados a los procesos judiciales que involucran a figuras públicas en Colombia.
