Después de cinco días de bloqueos en la vía Bogotá–Tunja, con epicentro en Ventaquemada, el paro campesino y paramero en Boyacá llega a su fin. La firma del acuerdo, prevista para este sábado 9 de agosto a las 12:00 a.m. en el Puente de Boyacá con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, será presentada como una victoria del diálogo. Sin embargo, detrás del acto protocolario quedan preguntas sobre la responsabilidad política que originó la protesta.
El conflicto estalló por dos resoluciones del Ministerio de Ambiente: la 1275 de 2014, que declaró como reserva forestal al municipio de El Cocuy, excluyendo actividades agropecuarias; y la 1405, que delimitó el páramo Sierra Nevada de El Cocuy sin consulta previa a comunidades indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.
Líderes campesinos, como Roberto Arango, acusaron al Ministerio de actuar con afán de “perseguir” al campesinado, ignorando la frontera agrícola y su derecho a ser escuchados. El gobernador Carlos Amaya intervino como mediador de última hora, ofreciendo una salida jurídica: la derogatoria de ambas resoluciones, a formalizarse el 19 de agosto con el respaldo técnico de la UPTC.
Aunque el pacto garantiza seguridad jurídica para el campesinado y restablece la movilidad, deja en evidencia un problema recurrente en la política ambiental colombiana: decisiones tomadas desde Bogotá sin una lectura real de la vida rural. La protesta se apaga, pero la desconfianza persiste.
El páramo seguirá protegido de actividades extractivas, como minería e hidrocarburos, pero la lección política es clara: ignorar la voz de quienes habitan y trabajan el territorio puede transformar una norma técnica en una chispa de protesta nacional.
El acuerdo pone fin al paro. Lo que no termina es la deuda histórica con el campo boyacense.
