El año 2025 pasará a la historia como uno de los más intensos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Las cifras oficiales son contundentes y hablan por sí solas: hasta el 10 de agosto, el Ministerio de Defensa reportó la incautación de más de 601 toneladas de cocaína, un récord histórico que refleja la magnitud del combate que adelanta el Estado contra esta economía ilegal que tanto daño ha hecho al país.
Los datos desglosados muestran con claridad la dimensión de la ofensiva. La Policía Nacional, entre el 1.º de enero y el 7 de agosto, decomisó cerca de 300 toneladas, la cifra más alta en dos décadas para ese mismo periodo. A su vez, la Armada de Colombia alcanzó más de 327 toneladas en operaciones marítimas, costeras y fluviales, consolidándose como una de las fuerzas navales con mayor efectividad en el mundo en materia de interdicción de drogas. Estas cifras, lejos de ser anecdóticas, reflejan un esfuerzo sostenido y coordinado que involucra a la Fuerza Aérea, el Ejército y la inteligencia nacional e internacional.
A estos balances se suman golpes recientes de alto impacto. Apenas en agosto, el presidente Gustavo Petro informó de la incautación de 1,5 toneladas pertenecientes al Clan del Golfo en Urabá, así como de 1,3 toneladas en Cartagena y vías hacia Buenaventura. Incluso, a finales de mes, se logró confiscar un cargamento de 1,7 toneladas en el mar Caribe, cerca de Puerto Rico, gracias a operaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos. También se destacan incautaciones como la de 743 kilos camuflados en carbón en Cartagena, una ruta con destino a España, y más de 700 kilos interceptados por la Armada en el Caribe.
¿Qué nos dicen estos números? Que por primera vez en mucho tiempo, el Estado no se limita a perseguir eslabones débiles del negocio, sino que ataca de frente a los cabecillas y sus cargamentos, afectando directamente las finanzas del narcotráfico. Cada tonelada decomisada representa millones de dólares perdidos para estas estructuras criminales, y con ello, una disminución de su capacidad de corrupción, compra de armas y dominio territorial.
Sin embargo, este avance no es gratuito ni está exento de riesgos. El narcotráfico, acorralado y debilitado en su fuente de ingresos, responde con lo único que sabe: la violencia. Los colombianos hemos visto en carne propia cómo la reacción de estas mafias se traduce en atentados, masacres y ataques indiscriminados contra la fuerza pública y la población civil. La zozobra y el terror que hoy se sienten en varias regiones del país son la consecuencia directa de un Estado que por fin ha tocado la fibra más sensible de estos grupos: su economía ilícita.
De ahí la paradoja de este momento histórico: mientras las cifras demuestran que el gobierno del presidente Petro ha desplegado una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico, la sociedad paga el precio de esa presión con el recrudecimiento de la violencia. No obstante, el camino es el correcto. La única forma de debilitar a los carteles es cortarles sus finanzas, y las incautaciones récord de este 2025 son la mejor prueba de que se está avanzando en esa dirección.
El reto, entonces, no es menor. Aumentar la capacidad del Estado para proteger a las comunidades, fortalecer la presencia institucional en las zonas más golpeadas y blindar los avances para que no sean coyunturales, sino estructurales. La ofensiva contra el narcotráfico apenas comienza a mostrar resultados, y aunque los violentos reaccionen con furia, es claro que sus días de impunidad absoluta ya no son los mismos.