Las autoridades de Bogotá capturaron a Freddy Castellanos, conocido como el “Monstruo de San Cristóbal”, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de al menos 12 niños en un jardín infantil del sur de la ciudad. La denuncia de varios padres, junto con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, permitieron establecer un patrón de conductas aberrantes cometidas dentro del centro educativo. El caso ha conmocionado a la capital y ha generado una profunda indignación en la comunidad.
Castellanos, quien habría sido parte del personal del jardín infantil, aprovechó su cercanía con los menores para cometer los abusos. De acuerdo con fuentes oficiales, este individuo es portador del virus del VIH, y se investiga si contagió deliberadamente a varios de los niños, dos de los cuales ya habrían dado positivo. Esta revelación agrava aún más la gravedad del caso y ha generado una respuesta urgente por parte de las autoridades de salud y protección infantil.
En respuesta, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ordenó la suspensión inmediata del funcionamiento del Hogar Infantil Canadá Sede F, lugar donde ocurrieron los hechos. Además, activó rutas integrales de atención para los menores afectados y sus familias, que incluyen apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y atención médica especializada. Esta medida busca garantizar los derechos de los niños y protegerlos de futuras vulneraciones.
El caso también ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar los filtros de contratación en instituciones educativas y de cuidado infantil. Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez exigieron mayor rigurosidad en los controles, así como la creación de un registro público de agresores sexuales para evitar que reincidan en otros entornos. La ciudadanía, por su parte, ha exigido justicia rápida y contundente.
Finalmente, la Fiscalía anunció que imputará a Castellanos por delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales abusivos y tentativa de homicidio. El proceso judicial ya está en marcha y las autoridades reiteraron el llamado a otras posibles víctimas o testigos a presentar denuncias. Este caso subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y prevención en entornos educativos y familiares.
