Una ola de indignación se desató entre los alcaldes y gobernadores del país tras un polémico cambio realizado por el Ministerio de Hacienda, que les impide a los municipios y departamentos utilizar los recursos sobrantes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). La medida, que afecta de manera directa las finanzas locales, fue ampliamente rechazada durante la Cumbre Departamental de Alcaldes de Boyacá, celebrada el pasado fin de semana en Miraflores, donde los mandatarios acordaron expresar su descontento al ministro Diego Guevara y exigirle explicaciones detalladas sobre esta decisión.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue enfático al señalar que la modificación en la metodología para calcular las deudas del Fonpet no fue consensuada previamente con las entidades territoriales. Según Amaya, el recalculo de las deudas, aplicado sin consulta alguna, ha generado incertidumbre respecto al impacto que esta decisión tendrá en los presupuestos locales. “Lo que el ministro de Hacienda hizo con el nuevo cálculo actuarial no es correcto. No nos pueden recalcular nuestra deuda de pensiones sin haberlo concertado antes, sobre una fórmula que desconocemos”, afirmó el mandatario, visiblemente preocupado por las consecuencias que esta medida traerá a los municipios y departamentos.
El cambio, que fue alertado inicialmente por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hace casi cuatro meses, ha comenzado a generar un rechazo generalizado entre los mandatarios locales. En la Cumbre de Alcaldes, todos los presentes acordaron enviar una misiva al ministro para exigirle una reunión en Boyacá, donde los alcaldes podrán aclarar las dudas y manifestar su preocupación por lo que consideran una decisión arbitraria que les priva de utilizar los recursos que legítimamente les pertenecen.
La principal inquietud de los mandatarios radica en la posibilidad de que el Gobierno Nacional haya gastado o quiera utilizar los ahorros acumulados en el Fonpet, que por ley deben ser destinados a cubrir las obligaciones de pensión de los empleados públicos. Antes de la implementación de la Ley 100, las alcaldías y gobernaciones eran responsables de cubrir estas pensiones, pero tras la reforma, los fondos de pensiones asumieron esa responsabilidad, mientras que los entes territoriales se limitaron a cotizar lo que indicaba la norma. Sin embargo, las alcaldías y gobernaciones aún tienen pensionados a su cargo, y con el paso de los años, el número de pensionados va disminuyendo, pero el ahorro acumulado en el Fonpet queda disponible para su uso, ya que puede ser reclamado por los mandatarios para proyectos de libre destinación.
La medida tomada por el Ministerio de Hacienda, al cambiar la fórmula para el cálculo de la deuda y restringir el acceso a esos ahorros, ha afectado principalmente a los municipios de sexta categoría, como los de Boyacá, que se verán privados de entre 600 millones y 2.000 millones de pesos, una cantidad significativa para la ejecución de obras estratégicas. Según los alcaldes, este dinero, aunque excede las obligaciones pendientes, es de su propiedad y debe poder ser utilizado para beneficio de sus comunidades.
