El 20 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al anunciar, a través de un extenso mensaje en Twitter, que se declararía el estado de excepción y la emergencia económica en respuesta a la creciente violencia en la frontera con Venezuela, particularmente en la región del Catatumbo. Sin embargo, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, rectificó la propuesta del presidente al afirmar que solo se activaría la conmoción interior, descartando por el momento la emergencia económica.
Según Cristo, la medida de la emergencia económica no es necesaria en este contexto. “Sale un solo decreto, el de conmoción interior. Por el momento no es necesario el estado de emergencia económica, social y ambiental”, explicó el ministro. Cristo, originario de Norte de Santander, departamento que alberga al Catatumbo, fue enfático al oponerse a la declaración de emergencia económica, una postura que coincide con la de varios constitucionalistas que han señalado la incompatibilidad de dos estados de excepción simultáneos.
El presidente Petro había planteado tanto la conmoción interior como la emergencia económica en su mensaje, pero la implementación de ambas medidas requiere la firma de todos los ministros y el cumplimiento de los controles constitucionales. Mientras tanto, en el gobierno se debatía sobre la necesidad de una intervención económica adicional frente a la crisis de seguridad en la región.
El ministro Cristo, acompañado de autoridades locales, visitará este miércoles las ciudades de Ocaña y Cúcuta, donde miles de desplazados por la violencia han encontrado refugio. La Defensoría del Pueblo reporta que más de 32.000 personas han sido desplazadas debido al conflicto armado entre el ELN y una disidencia de las FARC, ambos grupos en negociaciones de paz con el gobierno, pero cuyas confrontaciones continúan azotando la región, principalmente en áreas de difícil acceso.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por pacificar el país, la violencia no cede, y el panorama en el Catatumbo sigue siendo crítico. El presidente Petro ha enviado más de 600 militares a la zona, pero la situación sigue fuera de control, con enfrentamientos a gran escala y asesinatos selectivos, lo que lleva a muchos a considerar este uno de los mayores desafíos de seguridad en la historia reciente de Colombia.
