La renuncia de José Julián Muñoz Mosquera a su aspiración a la Cámara de Representantes destapó una de las denuncias más graves sobre el clima político y de seguridad en el Cauca en vísperas de las elecciones legislativas de 2026. El dirigente del Centro Democrático el pasado 18 de diciembre se retiró de la contienda tras asegurar que en el departamento no existieron garantías mínimas para hacer oposición, en medio de amenazas, control armado y una respuesta institucional que calificó como inexistente.
Muñoz formalizó su dimisión ante la Registraduría Nacional, señalando que durante meses solicitó protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin recibir un esquema efectivo, pese a advertencias reiteradas sobre riesgos directos contra su vida, la de su familia y su equipo político. La falta de respuesta, sostuvo, lo dejó expuesto en un territorio donde según denunció la política se ejerce bajo intimidación.
El excandidato advirtió que en varias zonas del Cauca, incluidos sectores del área rural y urbana de Popayán, grupos armados ilegales vetaron cualquier actividad proselitista a su favor. Los paros armados y las restricciones de movilidad, afirmó, convirtieron la campaña en un ejercicio de alto riesgo, incompatible con un proceso electoral libre.
En su pronunciamiento, Muñoz lanzó una crítica directa a la política de “Paz Total”, a la que responsabilizó del fortalecimiento de estructuras ilegales y del debilitamiento de la autoridad del Estado en el departamento. Aseguró que mientras sectores cercanos al gobierno realizaron actos públicos sin obstáculos, la oposición fue empujada a la clandestinidad.
