La inseguridad en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes que los ciudadanos viven en la cotidianidad. Los comerciantes se ven obligados a pagar extorsiones para poder abrir sus negocios, las familias en zonas rurales se desplazan por amenazas y muchos de los jóvenes comienzan a irse del país en busca de una mejor calidad de vida donde prime la seguridad.
Esa incertidumbre que sienten los colombianos se refleja en las encuestas. Según Invamer, el 36 % considera la inseguridad como el principal problema nacional, por encima de la economía y la política. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, más de la mitad de la población percibe que el Estado perdió control del espacio público.
Lo que hoy advierte la ciudadanía lo confirman las cifras del Ministerio de Defensa: entre enero y mayo de 2025 los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron 288 % en la Policía y 88 % en las Fuerzas Militares, los secuestros extorsivos crecieron 98 % y los actos de terrorismo 9 %. Por su parte, la Defensoría del Pueblo calcula que estructuras criminales operan en el 70 % del territorio y la impunidad supera el 97 % en el país.
El miedo ciudadano revela la urgencia de un «Estado Presente» ante la inseguridad
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En este escenario, la seguridad se perfila como el tema central del debate rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. No solo por el aumento del temor ciudadano, sino porque sin garantías de protección no es posible fortalecer la inversión, el empleo, ni el acceso a la educación. “El país necesita una política de Estado que restablezca el control territorial y salvaguarde los derechos fundamentales de la población”, afirma la precandidata presidencial Paola Holguín, quien dentro de este debate es reconocida como una de las voces con amplia experiencia en el tema.
La senadora lleva más de una década trabajando desde el Congreso en asuntos de Fuerza Pública, orden público y defensa institucional, y cuenta con maestría en seguridad y defensa nacional. Plantea que la seguridad debe asumirse como un bien público y un derecho humano, no como una bandera partidista. Además, propone fortalecer la Fuerza Pública, modernizar la justicia, recuperar inteligencia estratégica, combatir rentas ilícitas y enfrentar amenazas emergentes como el cibercrimen y la desinformación.
Holguín ha integrado las Comisiones de Inteligencia y Contrainteligencia y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, además de representar al país en foros internacionales de seguridad. Su perfil combina experiencia de Estado, con formación en contraterrorismo y contrainsurgencia en el Centro Perry de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos y, más recientemente, una presencia creciente en plataformas digitales, donde promueve análisis sobre seguridad, geopolítica y defensa ante nuevas audiencias.
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“Cuando el orden se debilita, los violentos llenan el vacío y el ciudadano común paga el precio. Por eso, el debate que viene no es entre “mano dura” o “mano blanda”, es entre Estado presente o Estado ausente; entre futuro o miedo. Porque sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay progreso y sin Estado no hay país”, afirmó la precandidata presidencial.
Con indicadores que reflejan el deterioro del orden público, la seguridad continúa marcando la conversación nacional. Más allá del debate electoral, el desafío para el próximo gobierno será transformar las preocupaciones ciudadanas en medidas efectivas que recuperen el control del territorio y fortalezcan la confianza en las instituciones.
