El incremento de la violencia en el país

El documento afirma que la presencia de los grupos armados ilegales se da en el 37% del territorio nacional, en 420 de los 1.103 municipios.
Luis Caluña.
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Iván Duque está a punto de concluir su legislatura en Colombia. El próximo 7 de agosto entregará las llaves de la Casa de Nariño a su sucesor, el progresista Gustavo Petro, o el de derecha Rodolfo Hernández, quien tendrá que tomar las riendas del que es hoy un país más violento que hace cuatro años.

El mandatario, del partido Centro Democrático, siguió la estela de su guía político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y puso la seguridad y la defensa en el centro de su programa de gobierno.

Para ello, Duque presentó su «Paz con Legalidad«, una suerte de versión adaptada de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, firmados en 2016 bajo la Administración de su antecesor Juan Manuel Santos.

Pese a sus reticencias iniciales para con la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Duque ha trabajado parcialmente en lo negociado en La Habana (Cuba) hace seis años. Sin embargo, está lejos de haber dado el protagonismo requerido a un proceso que ampara el futuro de millones de colombianos; motivo que explica, en parte, el recrudecimiento de la violencia en diversos departamentos del país andino.

Jorge Mantilla, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) considera que la «‘Paz con Legalidad‘ tuvo avances que son importantes». Sin embargo, «en lo relacionado con la reforma rural integral, con las garantías de seguridad, con el tema de drogas a partir del programa PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos)… todos esos puntos se han estancado y, sobre todo, no se ha logrado avanzar de manera definitiva en la transformación territorial».

«En esa aplicación parcial de los Acuerdos hay asuntos que son los que el Gobierno acoge: los que tienen que ver con reincorporación de excombatientes, punto que reconocen como central; y aquellos asuntos que no pueden echar para atrás, como el reconocimiento del nuevo partido político de las FARC, Comunes, y de los beneficios políticos que el Acuerdo les otorgó en el marco de la justicia transicional. No pudieron hacer trizas el Acuerdo, pero tampoco lo implementaron de forma coherente», señala Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Al margen del cumplimiento de lo firmado con las FARC, el presidente Duque apostó desde el comienzo de su mandato por reforzar la estrategia de la guerra contra las drogas, promoviendo la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, los cuales se situaban en cifras récord al final del Gobierno de Santos, con 173.000 hectáreas.

El mandatario quiso incluso retomar las aspersiones con glifosato para eliminar esos cultivos, un compuesto químico que se ha demostrado perjudicial para la salud. Finalmente, la Corte Constitucional le negó el deseo al presidente.

Las cifras de hectáreas de cultivos ilícitos han disminuido un 7% en los últimos años, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). No obstante, la producción de clorhidrato de cocaína ha aumentado un 8%, con más de 1.200 toneladas. Eso hace de Colombia el principal productor mundial de esta droga, según la oficina de la ONU.

Pese a tener a la guerra contra las drogas en el epicentro de la estrategia y la persecución de cabecillas de los Grupos Armados Organizados (GAO) para menguar su capacidad delictiva, el programa de seguridad no ha dejado grandes resultados para el país.

“El Gobierno volvió a la guerra contra las drogas a través de una estrategia militar. Ya en la Administración Santos había comenzado ese camino bajo la presión de Estados Unidos y se había colocado en primer plano la erradicación forzosa. Pero en el anterior Ejecutivo se reconocía la importancia de los programas de sustitución, buscando una alternativa a la guerra contra las drogas. Sin embargo, en el Ejecutivo Duque se asumió el asunto como una cuestión plenamente militar, de seguridad nacional y seguridad continental en alianza con los EE. UU.», sostiene Camilo González.

El informe de balance de seguridad publicado por Indepaz concluye que durante el Ejecutivo del conservador la violencia contra líderes sociales en los territorios ha aumentado sustancialmente en comparación con los indicadores que dejó en herencia la anterior Administración.

A corte del 4 de junio, el saldo de asesinatos de líderes sociales era de 930, aunque en las últimas semanas, en el marco electoral, la cifra ha subido de forma preocupante en los territorios donde el conflicto nunca se fue y donde el Estado apenas hace presencia más allá de la militarización.

Además, la organización reporta que 245 excombatientes que se acogieron a los Acuerdos han sido asesinados durante el Gobierno Duque, donde asimismo ha habido 261 masacres que han dejado más de 1.100 víctimas mortales.

De otra parte, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) advirtió en su más reciente informe «Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque» de un crecimiento en número de las principales estructuras criminales en Colombia en los últimos cuatro años.

El documento afirma que la presencia de los grupos armados ilegales se da en el 37% del territorio nacional, en 420 de los 1.103 municipios.

Así las cosas, pese a que el presidente señaló que el grupo narcoparamilitar del “Clan del Golfo” había desaparecido después de que en octubre de 2021 se detuviera a su principal cabecilla, Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel‘, el informe de la Fundación PARES sostiene que en la actualidad es la estructura armada más poderosa, presente en 241 municipios colombianos.

El próximo presidente deberá hacer frente a un panorama complejo en las ciudades, donde la inseguridad ha empeorado desde la pandemia, y en los territorios más remotos, donde reforzar la presencia del Estado será clave para buscar soluciones alternativas a un conflicto que, aunque en estos momentos no se presenta como en la peor época de la guerra a escala nacional, de no atajarse sí puede hacer retroceder al país a su época más oscura.

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