El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un borrador de proyecto de ley que propone una reestructuración parcial del sistema de servicios públicos, enfocada especialmente en el sector energético. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Minas y Energía, será socializada este jueves en Valledupar. El punto más polémico: los estratos 4, 5, 6 y los pequeños comercios regulados asumirían la deuda de la opción tarifaria, que asciende a 2,9 billones de pesos.
Esta deuda fue acumulada durante la pandemia, cuando se implementó la opción tarifaria como mecanismo para evitar alzas en las facturas de energía. De ese total, 2,5 billones corresponden a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes se beneficiaron del alivio tarifario.
¿Qué es la opción tarifaria y por qué ahora cambia de manos?
La opción tarifaria permitió diferir aumentos en los recibos de energía durante la crisis sanitaria. Lo que fue un alivio temporal se ha convertido en una deuda estructural del sistema, que ahora el Gobierno busca redistribuir.
Según el borrador, los estratos altos que no fueron beneficiarios del alivio pagarían ahora esa deuda, mediante un mecanismo que definirá la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el plazo de un mes tras la aprobación del proyecto. Esta entidad se encargará del cálculo, recaudo y redistribución de los recursos entre las empresas prestadoras del servicio.
Cambios en los subsidios de energía: más consumo, menos beneficios
La reforma también apunta a revisar los subsidios para los estratos bajos. Actualmente, el estrato 1 recibe el 60 % de subsidio, el estrato 2 un 50 %, y el estrato 3 un 15 %. Sin embargo, la nueva norma plantea que si un hogar consume más energía que el promedio de los estratos altos, podría perder el beneficio.
Además, si el consumo supera el doble del consumo de subsistencia, ese hogar podría ser reclasificado en un estrato que paga contribuciones. La medida será transitoria, mientras se implementa el Registro Universal de Ingresos, basado en el Sisbén, para una mejor focalización.
Seis meses de transición y nuevas reglas para facturación
Los hogares subsidiados tendrán seis meses para ajustar su consumo y evitar perder el subsidio. Aquellos excluidos podrán solicitar restitución condicionada, siempre que cumplan criterios sociales o económicos que aún no están definidos.
Otra medida importante del proyecto es la prohibición de incluir impuestos o tasas no relacionadas con el servicio eléctrico en las facturas. Los entes territoriales tendrán un año para ajustar sus normas y garantizar que solo se cobre el valor real del servicio.
Reestructuración de la Creg: más pluralidad, menos requisitos
La propuesta también contempla una reforma profunda a la Creg, que ha estado operando con solo cuatro de los seis expertos requeridos. El nuevo modelo incluye:
- Cinco expertos técnicos en energía.
- Tres nuevos representantes: uno de la academia (designado por el presidente), uno de los usuarios y uno de los sindicatos (elegidos por concurso público).
- Eliminación de la reelección.
- Reducción en los requisitos académicos y laborales: se permitirá experiencia como docente, investigador o asesor, y ya no será necesario un título en economía, derecho o ingeniería, sino un posgrado afín al sector energético.
