Nuevamente el Gobierno Nacional y el ELN se sientan a negociar, esta vez bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad el gobierno tiene todo su arsenal listo para que esta vez sea la vencida y así acabar con una guerra de casi 60 años contra ese grupo armado.
La mesa de conversaciones entre ambos bandos se instalará en la tarde de este lunes en Caracas, Venezuela, con el visto bueno del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán.
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Danilo Rueda es quien ha establecido los contactos de la Casa de Nariño con esa y otras asociaciones armadas del país para armar el rompecabezas de la “paz total” de Petro. Sin embargo, el ELN es hasta ahora el más relevante de ese catálogo de delincuentes y narcos porque es el único que tiene fines políticos, como en su momento los tenían las extintas Farc.
El mismo mandatario ha dejado ver que en ese objetivo de la paz todo caben. Si su “paz total” fuera un edificio en construcción, estas conversaciones serían el primer piso que cimienta las bases de las múltiples mesas que quieren poner en marcha durante sus cuatro años en la Casa de Nariño.
Entre las ambiciones de llegar a acuerdos con las disidencias de las Farc, grupos como el “Clan del Golfo” y otras narcobandas, el camino con el ELN es el que está más pavimentado y el que ya ha recorrido algunos metros.
Es de recordar que los diálogos con los “helenos” se retomarán desde donde se habían avanzado con la administración del expresidente Juan Manuel Santos, y que fueron interrumpidos en el anterior gobierno.
En febrero de 2017, justo después del éxito de Santos de sellar la paz con las extintas Farc, comenzó el diálogo con el ELN, pero dos años después y tras el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, en el que murieron 22 jóvenes, Iván Duque decidió suspenderlos.
Con este antecedente a cuestas, los emisarios del Gobierno y los jefes negociadores del ELN ya están en caracas para emprender un proceso que el Ejecutivo espera estar implementado para antes de que termine su mandato.
La participación del régimen de Nicolás Maduro en este proceso es tan necesaria como cuestionada porque, si bien se trata de una administración señalada de violar los Derechos Humanos de los venezolanos, la guerrilla tiene presencia en los dos países y buena parte de su accionar se concentra en la frontera binacional.
Venezuela no deja de ser un país cuestionado en la política global, por lo que el Palacio blindó sus diálogos con los avales de otros actores. El equipo tiene el respaldo de los anteriores garantes internacionales, que eran Cuba y Noruega, este último es uno de los mayores promotores de paz en el multilateralismo global.
Al grupo de guardianes del proceso se sumó la Chile de Gabriel Boric y la España de Pedro Sánchez, dos gobiernos de izquierda cercanos al mandatario que se pusieron a disposición de su administración para acompañar a Colombia en este nuevo tránsito.
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En el combo de veedores se suman enviados del secretario general de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal colombiana (la iglesia católica). Son varios los nombres de quienes acompañarán esta instancia, pero en la primera fase de esa mesa falta un actor clave del conflicto, pues no hay una silla designada aún para delegados de las Fuerzas Armadas. Al fin de cuentas, son ellos quienes han combatido a la guerrilla durante casi cinco décadas.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó claro que “se ha planteado que por lo menos en los primeros momentos de la negociación los militares no estén en esa mesa de negociación, pero sí en las mesas técnicas”. La voz castrense, por ahora, está en el aire.
Aun así, es tan amplio el concepto de paz que se trazó el Gobierno del Pacto Histórico que en su delegación están los viejos alfiles del presidente, pero también aliados inesperados que pertenecen al partido Centro Democrático, los férreos detractores de la Presidencia.
Los voceros del Ejecutivo son el senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro. Cepeda ya hizo la paz en su carrera política como facilitador de las conversaciones con las extintas Farc y hasta militó en el movimiento político Alianza Democrática M-19, que surgió tras el fin de la guerrilla M-19, grupo en el que Petro era combatiente.
La silla que ocupa Pizarro es fundamental. Ella es una de las congresistas de confianza del mandatario, tanto que fue quien le puso la banda presidencial en su investidura del 7 de agosto, y esa cercanía nació de su padre, el comandante Pizarro que también estuvo en el M-19.
Otro de las bases de ese extinto movimiento que está en las conversaciones es José Otty Patiño. Él fue uno de los fundadores del desaparecido grupo y, tras su desmovilización, se dedicó a estudiar el conflicto y su fin desde las aulas. Ahora, 32 años después de firmar su paz, se sienta literalmente al otro lado de la mesa para negociar una nueva con otros actores en armas. Él, en este caso, asiste como civil.
No todos los que tienen un escaño en Venezuela pertenecen a las entrañas del petrismo. Allá está el presidente de Fedegán e integrante de la mesa directiva del Centro Democrático, José Félix Lafaurie, el mensajero de la oposición para una conversación que su propio partido y hasta su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, critican.
Lafaurie pasó de llamar a Petro “comunista” a venderles tierras para su reforma agraria y ocupar un asiento en sus conversaciones. A pesar del polémico fichaje que logró el mandatario, hasta el expresidente Álvaro Uribe está de acuerdo con su participación en la delegación.
“Estoy seguro de que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que por obvias razones mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esa naturaleza”, puntualizó Uribe.
Lafaurie defiende que él es el interlocutor de un gremio ante el Ejecutivo. En todo caso, su participación en el proceso es un punto de inflexión porque la derecha que personifica el ganadero justificó buena parte de sus cuestionamientos a la paz de Santos con las Farc a que ellos no fueron tenidos en cuenta para construir lo acordado en La Habana.
Hacer la paz con el ELN no es sencillo y el hecho de que este sea el quinto intento de firmarla lo demuestra. Esa guerrilla es de corte federalista, lo que significa que no siguen una sola línea de mando, sino a diferentes bandos que trazan su accionar.
El grupo fundado en 1964 cuenta con 5.397 integrantes, de los que 2.587 están en armas, 2.653 son milicianos y los restantes 157 pertenecen en el frente de guerra urbano. Esa cantidad de hombres y mujeres tiene presencia en 21 departamentos y 167 municipios del territorio nacional, lo que equivale al 18 % del país.
En esos espacios han protagonizado acciones como voladuras de oleoductos, patrullajes ilegales y, en el pasado, secuestros. Eso sí: hay que decir que como parte de su voluntad de hablar liberaron a secuestrados como los dos soldados que estaban retenidos en Arauca y que recobraron su libertad el pasado 16 de noviembre. En agosto entregaron a otras personas que tenían en cautiverio.
