La llegada de Alfredo Acosta Zapata, ministro de Igualdad y Equidad e indígena Nasa del Resguardo de Huellas, en Caloto, norte del Cauca, coincidió con el último capítulo de una de las principales apuestas institucionales del Gobierno Nacional. Pocos meses después de asumir el cargo, el Ejecutivo dio inicio al proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, luego de que no prosperara una nueva ley que corrigiera los vicios de trámite advertidos por la Corte Constitucional en la creación de esa cartera.
El Ministerio había sido concebido como la entidad encargada de coordinar políticas públicas dirigidas a mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, jóvenes y otros sectores históricamente excluidos. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que le dio origen por irregularidades en su trámite legislativo y otorgó un plazo al Congreso para subsanar esas falencias, término que venció sin que se aprobara una nueva norma.
Ante ese escenario, el Gobierno expidió el decreto que ordenó la liquidación del Ministerio, un proceso que se desarrollará durante un año y que definirá el traslado de bienes, contratos, personal y funciones hacia otras entidades de la administración nacional.
¿Qué cambia?
Aunque la desaparición del Ministerio de Igualdad representa el cierre de una de las principales reformas institucionales impulsadas por el Gobierno, las políticas públicas dirigidas a las poblaciones que atendía la entidad no desaparecerán de manera automática. Mediante la Directiva Presidencial 05 de 2026, el Ejecutivo ordenó redistribuir las funciones entre diferentes ministerios y organismos nacionales para garantizar la continuidad de los programas mientras culmina la liquidación.
No obstante, el cambio también abre un nuevo escenario de control político. La principal discusión ya no gira únicamente en torno al cierre administrativo de la cartera, sino sobre la capacidad de las demás entidades para asumir responsabilidades que hasta ahora estaban concentradas en un solo ministerio. El seguimiento a esa transición será determinante para establecer si las políticas de igualdad conservan su alcance y prioridad dentro del Estado o si la redistribución institucional termina debilitando la atención de las poblaciones para las que fueron concebidas.
Más allá del cierre de la cartera, el verdadero reto comenzará cuando las demás entidades asuman estas responsabilidades. La eficacia de esa transición será la que determine si la desaparición del Ministerio representa únicamente un cambio administrativo o si tendrá efectos sobre la implementación de las políticas de igualdad en el país.
