La Alcaldía de Tuta elaboró un estudio previo para justificar la firma de un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Hacienda, cuyo propósito es la construcción de un salón comunal por más de 156 millones de pesos, pero el documento no incluye una matriz de aportes cuantificada que permita verificar cómo se valorará el 10% de mano de obra que la comunidad debe aportar. Esta omisión genera dudas sobre la transparencia del proceso y sobre el cumplimiento de los requisitos que establece la normatividad vigente para convenios solidarios.
El texto también menciona la existencia de un estudio de mercado y de una matriz de riesgos como anexos, pero no los incorpora en el expediente entregado, lo que impide comprobar la fundamentación real de los precios y la asignación de responsabilidades frente a eventuales riesgos contractuales. La falta de estos soportes puede traducirse en observaciones de los órganos de control, ya que vulnera el principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 1993.
Problemas en la identificación contractual y en el manejo de pagos
En la sección de identificación de las partes, el estudio previo presenta un vacío al dejar campos señalados como “N/A”, cuando es obligatorio consignar los datos completos de las entidades que suscribirán el convenio. Esta falencia pone en riesgo la validez del proceso contractual y podría dar lugar a cuestionamientos sobre la legalidad del convenio si no se corrige oportunamente.
Adicionalmente, la forma de pago definida en dos desembolsos, con una cuenta bancaria conjunta, contempla excepciones para trabajadores no bancarizados, lo que abre la posibilidad de realizar pagos en efectivo por ventanilla, reduciendo la trazabilidad y debilitando los controles de auditoría interna y fiscalización externa.
Falta de garantías claras, permisos técnicos y mecanismos de control social
El documento exige pólizas de cumplimiento pero no especifica con claridad si estas deben cubrir el anticipo equivalente al 50% del valor del convenio ni define el porcentaje de cubrimiento exigido, lo que genera un vacío jurídico y financiero en caso de incumplimiento. Tampoco se adjuntan certificaciones de viabilidad urbanística ni permisos relacionados con normas como la NSR-10 o el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que podría retrasar o incluso detener la ejecución de la obra comunitaria.
Finalmente, aunque el estudio menciona pactos de transparencia y presupuestos participativos, no establece mecanismos claros para la veeduría ciudadana ni define un cronograma de rendición de cuentas, lo que limita el ejercicio del control social y la participación comunitaria en el seguimiento del proyecto.
