La E.S.E. Centro de Salud de Chivatá elaboró un estudio previo para contratar la adecuación menor de su infraestructura física por un valor superior a 521 millones de pesos, amparado por un certificado de disponibilidad presupuestal expedido en junio de 2025. No obstante, el expediente presenta un grave error al señalar un plazo de ejecución de tres meses en una sección y de cuatro meses en otra, lo que puede generar disputas contractuales y confusión en la aplicación de penalidades.
A su vez, el documento cita como parte integral del expediente un estudio de mercado, una matriz de riesgos y especificaciones técnicas detalladas, pero ninguno de estos soportes aparece integrado en el archivo, lo que impide verificar la razonabilidad de los precios, la distribución de responsabilidades y la fundamentación real del valor estimado. La ausencia de anexos esenciales representa un riesgo alto de hallazgos por parte de los órganos de control.
Exigencias desproporcionadas de garantías y cláusulas de pago ambiguas
El estudio establece que el contratista deberá presentar garantías por cumplimiento, salarios y prestaciones, estabilidad de obra y responsabilidad civil con vigencias extensas, llegando incluso a cinco años en el caso de la estabilidad. Estas cargas, sumadas a montos que superan el treinta por ciento en algunos casos, podrían limitar la participación de oferentes pequeños y afectar la libre concurrencia del proceso.
Asimismo, la forma de pago definida contempla desembolsos parciales condicionados a múltiples actas y certificaciones, con plazos sujetos al Programa Anual de Caja, lo cual abre la puerta a retrasos en el flujo de caja de los contratistas y reduce la competitividad en la convocatoria.
Riesgos en la interventoría y falta de control social
El documento otorga a la interventoría la facultad de exigir jornadas adicionales sin costo extra para la entidad contratante, lo que traslada riesgos financieros desproporcionados al contratista y puede derivar en reclamaciones posteriores durante la ejecución.
Por otra parte, aunque el estudio menciona pactos de transparencia y control ciudadano, no se definen canales concretos de acceso a la información ni cronogramas claros de rendición de cuentas, lo que debilita la participación comunitaria en un proyecto financiado con recursos públicos.
