Cuando el Gobierno afirma que “no es enemigo de la ciudadanía”, el mensaje puede sonar razonable, pero en territorios como el Cauca no llega como una declaración: llega como un reto. La desconfianza en el Estado no es un sentimiento irracional ni una postura ideológica. Es el resultado acumulado de décadas de promesas incumplidas, de presencia intermitente, de violencia constante y de un vacío institucional que ha sido ocupado por actores ilegales.
La desconfianza es un fenómeno social complejo que se construye en el día a día. No se forma solo por un discurso o un anuncio, sino por la experiencia repetida de ver cómo los compromisos se quedan en el papel. En el Cauca, muchos municipios han sido testigos de programas de sustitución de cultivos que comenzaron con anuncios mediáticos, pero que no fueron sostenibles en el tiempo. Han visto inversiones anunciadas que nunca se materializaron. Han visto la llegada del Estado en operativos de seguridad, pero no en escuelas, hospitales o vías.
Por eso, cuando el Gobierno habla de diálogo y de protección a la ciudadanía, la respuesta de la población es inmediata: “¿y dónde estaban antes?”. La protesta social no es un rechazo a la institucionalidad; es un reclamo por una institucionalidad real. La gente no se moviliza solo para oponerse a una política, sino para exigir que el Estado cumpla con su parte del contrato social.
La desconfianza se profundiza cuando el Estado envía mensajes contradictorios. Por un lado, promueve la sustitución voluntaria de cultivos y el diálogo. Por el otro, anuncia el regreso de la fumigación con glifosato y mantiene operaciones militares intensas. Esta dualidad se percibe como una señal de falta de coherencia. Para las comunidades, la pregunta es inevitable: ¿quién decide realmente las políticas en el territorio? ¿El Gobierno o los grupos armados?
Además, la desconfianza se alimenta de la percepción de que el Estado solo aparece en momentos de crisis. En el Cauca, la presencia institucional parece responder a la urgencia del conflicto, pero no a la necesidad del desarrollo. La vida cotidiana de las comunidades requiere inversión permanente: vías, educación, salud, empleo, seguridad. Sin eso, la ciudadanía seguirá sintiéndose abandonada y, por ende, escéptica.
Para recuperar la confianza, el Estado debe demostrar coherencia y continuidad. No basta con afirmar que “no es enemigo de la ciudadanía”. El Estado debe actuar como aliado real, con presencia constante y con resultados visibles. Debe cumplir compromisos, priorizar la inversión social y garantizar la seguridad sin criminalizar a las comunidades. Solo así se podrá construir un nuevo pacto social.
El reto es enorme, pero no imposible. La clave está en cambiar el paradigma: pasar de una política centrada en la represión a una política centrada en la construcción de confianza. Porque mientras el Cauca siga viendo al Estado como una fuerza distante, la desconfianza seguirá siendo el terreno fértil donde prosperan los grupos armados y la violencia.
