Este miércoles, la Alcaldía de Bogotá expidió un comunicado de prensa en el que se aseguró que voceros de los embera, comunidad asentada en el extremo norte del Parque Nacional, “bloquean acceso de niñas y niños a servicios”, pronunciamiento que generó molestia por parte de observadores y mediadores que buscan facilitar acuerdos entre autoridades distritales y manifestantes.

La Alcaldía de Bogotá impuso en el lugar un bloqueo físico, con vallas y funcionarios, para evitar que la comunidad se instale en el Parque Nacional, cerca de 500 indígenas ocupan una reducida zona verde en la calle 45 con carrera séptima en condiciones de hacinamiento. En ese lugar, desde hace 44 días, adultos, mujeres, niños y niñas emberas han debido pernoctar en cambuches, al sol y al agua, en medio de tensiones con representantes de la Alcaldía de Bogotá y afrontando los rigores del frío y la lluvia de la capital.

La polémica

De acuerdo con la versión del Distrito, este martes, líderes de los emberas impidieron nuevamente que niñas, niños y adolescentes “abordaran las rutas dispuestas por el Distrito”, es decir espacios de recreación y esparcimiento, en los que los menores pueden aliviar los rigores que padecen en medio del punto muerto de las negociaciones. En total, se calcula que unos 350 emberas que permanecen en el lugar son menores de edad.

“Como resultado, solo 13 niñas, niños y adolescentes pudieron acceder a los servicios: 7 niños y niñas de primera infancia al Centro Abrazar y 6 de infancia al Centro Amar, que asistieron por autorización de sus familias. Argumentaron que no autorizaron el traslado mientras la Unidad para las Víctimas, entidad del Gobierno Nacional, no cumpla con la entrega de mercados ofrecidos”, agregó el comunicado de la Alcaldía.

“El Distrito revictimiza”

Sin embargo, otra visión se tiene desde las comunidades indígenas. De acuerdo con Jairo Yesith Montañez Barros, antropólogo experto en Comunidades Étnicas y Conflicto, la interpretación del Distrito persigue un fin concreto: romper la empatía de la ciudadanía bogotana con la causa de los embera.

“El Distrito está usando una vieja estrategia, la cual se viene imponiendo con la intención de generar discriminación y rechazo hacia la población indígena, para de esa manera poder implementar su accionar de forma violenta, sin que haya un daño colateral ni mediático”, opinó Montañez.

“Con las complejidades de la situación, este tipo de comunidades ha desarrollado y tiene la empatía de la ciudadanía de Bogotá. Ese accionar de forma violenta (del Distrito) desconoce los derechos de esta comunidad, colectivos y revictimiza a los indígenas. (…)  No solamente estamos hablando de derechos constitucionales de los niños, sino en este caso, por tener una condición indígena, los tratados internacionales, por ser víctimas del conflicto”, complementó.

Desconfianza difícil de superar

En concepto del especialista, según lo que ha podido observar a lo largo del diálogo entre el Distrito y los indígenas, el único interés por parte de la Alcaldía de Bogotá es el de lograr la expulsión del lugar a los indígenas, sin importar que sus derechos sean restaurados.

“En las distintas conversaciones que he podido participar como escucha, el interés es desalojar el Parque Nacional, aunque se vende el discurso progresista de que están preocupados por los derechos de niños y niñas, eso no es así”, sostuvo el antropólogo, quien ve difícil restaurar la confianza entre las partes debido a la falta de cumplimiento de acuerdos anteriores por parte de las autoridades.

Con respecto a la condición de los indígenas, de que primero sean entregados los mercados prometidos por el Gobierno Nacional, Montañez ve justificada la negativa de permitir a los menores acudir a la oferta institucional de la Secretaría de Integración Social en los centros Amar y Abrazar.

“Si ustedes no alimentan bien a los niños efectivamente hay una violación sobre los derechos. En esa misma lógica los niños no pueden desarrollar sus actividades”, señaló Montañez.