La Secretaría de Seguridad del Tolima, bajo el gobierno de Adriana Matiz, ha mostrado un preocupante déficit en su gestión. Según denuncias del diputado Carlos Reyes, esta dependencia solo ha ejecutado el 49% de su presupuesto, dejando sin utilizar el 51% restante. De las 21 metas planteadas, apenas 11 se han cumplido, mientras que 10 están en proceso o directamente incumplidas. Cuatro de ellas ni siquiera han comenzado a implementarse, lo que refleja una grave falta de capacidad administrativa y operativa.
Rotación sin resultados
La cartera de Seguridad ha pasado por dos manos durante el gobierno de Matiz sin mostrar avances significativos. Guillermo Alvira, designado inicialmente como secretario, duró poco en el cargo y fue reemplazado por Alfredo Bocanegra Varón, otro cercano a la gobernadora. Sin embargo, ninguno ha logrado mejorar los indicadores de seguridad en el departamento. «No hay excusas después de un año de gobierno. La Secretaría parece más ocupada en justificar su fracaso que en proteger a los tolimenses», afirmó Reyes.
¿Incapacidad de buscar apoyo?
Uno de los puntos más criticados es la incapacidad de la Secretaría para articular esfuerzos con el Gobierno Nacional. A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha destinado recursos y apoyo operativo al Tolima, incluyendo 545 efectivos del Ejército y tres grupos operativos, la administración departamental no ha reconocido estos aportes ni los ha integrado eficientemente en su estrategia de seguridad.
«Se benefician de los recursos nacionales, pero no los transparentan ni los aprovechan adecuadamente», denunció el diputado.
Inseguridad creciente
Mientras la Secretaría de Seguridad sigue sin cumplir sus metas, la violencia no cede en varios municipios del Tolima. Los índices de homicidios, extorsiones y otros delitos siguen siendo alarmantes, lo que ha generado descontento entre la ciudadanía. «Si hubieran ejecutado el presupuesto y cumplido las metas, hoy tendríamos mejores resultados en seguridad», señaló Reyes.
Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas exigen una auditoría detallada a la Secretaría de Seguridad para determinar las causas de su bajo desempeño y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a combatir la inseguridad en el departamento.
