La discusión por la intervención realizada en el humedal El Curíbano llegó a los estrados judiciales. El Juzgado que recibió la acción de tutela promovida por el edil de la comuna 5, Germán Andrés Pérez Pérez, admitió el trámite y vinculó a la Procuraduría y a la Secretaría de Medio Ambiente de Neiva, entidades que deberán pronunciarse dentro del término fijado por el despacho sobre los hechos y los derechos invocados.
La actuación judicial tiene como antecedente la extracción de fauna silvestre realizada el pasado 22 de septiembre por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM. Según la información oficial de la autoridad ambiental, durante la jornada fueron rescatadas 23 babillas, cuatro tortugas del Magdalena, dos ejemplares de otra especie de tortuga, 14 hicoteas y diferentes especies de peces. La CAM explicó que la medida obedeció al deterioro de las condiciones del cuerpo de agua, entre ellas la reducción del espejo de agua y bajos niveles de oxígeno.
Pérez Pérez cuestiona judicialmente el procedimiento y sostiene que la decisión habría afectado derechos relacionados con el ambiente sano y el debido proceso. En su argumentación plantea que la comunidad y organizaciones ambientales no habrían sido informadas previamente de la intervención y cuestiona la ausencia de una decisión que, según afirma, explicara técnicamente la medida.
El debate tendrá ahora un escenario judicial. La Corte Constitucional ha establecido que, en determinadas circunstancias, una tutela puede analizar afectaciones de derechos fundamentales relacionadas con derechos colectivos, siempre que se acrediten elementos como la conexidad directa, la afectación individual, la existencia cierta de la amenaza o vulneración y que la pretensión esté dirigida a proteger un derecho fundamental. También debe evaluarse la eficacia de otros mecanismos judiciales, como la acción popular.
Entre las solicitudes formuladas por el edil se encuentra que se estudie la eventual reintroducción de las especies extraídas, se entregue información sobre los animales intervenidos, se adopten medidas de manejo ambiental y se establezcan mecanismos de participación para futuras actuaciones en el humedal.
Mientras avanza el trámite, la CAM sostiene que los ejemplares fueron valorados por profesionales y posteriormente liberados en ecosistemas del norte del Huila seleccionados por sus condiciones para las especies. El proceso deberá establecer si existieron vulneraciones a los derechos invocados y si las actuaciones cuestionadas se ajustaron al marco constitucional, legal y técnico aplicable.
