La delincuencia genera billones de dólares en pérdidas globales, impactando el crecimiento económico y aumentando la desigualdad, con el delito financiero como su principal motor.
Los tentáculos del crimen organizado se extienden por el planeta, alimentados por conflictos bélicos, crisis y la presión sobre las democracias. En la actualidad, casi el 83% de la población mundial vive en naciones con altos niveles de violencia, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). Traficantes de personas, falsificadores, narcotraficantes y cibercriminales operan como nuevos actores económicos, configurando economías ilícitas que lastran el crecimiento, frenan la inversión y exacerban la desigualdad.
Las consecuencias son tangibles: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revelado que un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica local en un 4%. Además, un incremento del 10% en noticias sobre delincuencia contrae la producción industrial en un 2,5%, demostrando que la percepción del miedo también tiene un precio.
Cuantificar la economía ilícita es un desafío, pero las aproximaciones son contundentes. Naciones Unidas estimó que los costos anuales de la corrupción ascendieron a 3,6 billones de dólares en 2018, y el dinero blanqueado supera los dos billones de dólares anualmente, una cifra que superó el 2,7% del PIB mundial en 2021. El Instituto de Economía y Paz (IEP) calcula que el impacto de la violencia en la economía global alcanzó los 19,1 billones de dólares en 2023, superando el PIB de la eurozona y China, y equivalente al 13,5% de la riqueza global.
Los mercados criminales más lucrativos
El delito financiero se ha convertido en el principal mercado criminal, impulsado por la tecnología y el uso de activos virtuales como las criptomonedas, que ofrecen una capa extra de impunidad y financian incluso el terrorismo. Este tipo de delincuencia, que incluye evasión fiscal, malversación y fraude, ha afectado al 70% de los países de la ONU. Otros mercados en expansión son la trata de personas, el comercio de cannabis y el tráfico de armas.
El crimen organizado se ceba especialmente con países vulnerables y con Estados de derecho menos desarrollados, donde la conexión entre el poder criminal y político es más estrecha. Sin embargo, su alcance es global; la Europol señala que solo un ínfimo 2% de los activos ilícitos son recuperados por las autoridades. En la Unión Europea, cerca del 70% de las redes delictivas utilizan el blanqueo de capitales y el 60% se apoyan en la corrupción.
Casos emblemáticos en el mundo
En América Latina, la región más violenta del mundo, el impacto de las redes ilícitas alcanza el 3,4% del PIB. México sufre los estragos de la violencia y la extorsión, con un costo equivalente al 18% de su PIB, mientras que el crimen organizado asfixia negocios y distorsiona precios. En Italia, las mafias como la ‘Ndrangheta y la Cosa Nostra operan como una economía paralela, superando los 40.000 millones de euros anuales, lo que representa el 2% del PIB italiano y las posiciona como la cuarta «industria» más poderosa del país.
Rusia enfrenta una corrupción sistémica y el contrabando legalizado para evadir sanciones, con un impacto económico subestimado. En Asia, la sofisticación de las ciberestafas ha convertido al continente en el epicentro global del cibercrimen, con pérdidas millonarias para los consumidores y miles de personas retenidas y explotadas en centros de fraude. Finalmente, en África, la debilidad institucional y los conflictos impulsan el tráfico ilícito, costando aproximadamente un 10% del PIB a países como Sudáfrica y frenando el desarrollo en toda la región.
Combatir este fenómeno global requiere no solo marcos normativos robustos, sino también la participación activa de las instituciones, la interconexión entre ellas, alianzas público-privadas y una mayor inversión en prevención y educación ciudadana.
