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El 10 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó un allanamiento en la cárcel La Picota de Bogotá, tras recibir información sobre un posible plan de asesinato dentro del penal. El operativo tenía como objetivo incautar un arma de fuego que, según las autoridades, iba a ser utilizada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, contra otro interno conocido como alias Araña. Ambos reclusos se encontraban en el pabellón de extraditables, donde permanecen personas con procesos judiciales pendientes ante cortes internacionales.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, la acción del CTI permitió evitar un ataque inminente dentro del penal. Sin embargo, el procedimiento tomó relevancia pública por la presencia y papel de la senadora Isabel Zuleta, quien no solo acompañó la diligencia, sino que, según revelaciones posteriores, habría tenido un rol determinante en la incautación del arma.
Durante el operativo, la congresista estuvo presente junto con funcionarios del CTI, del Inpec y la abogada de Pipe Tuluá. En videos difundidos por medios nacionales se observa a la senadora recibiendo el arma de fuego entregada voluntariamente por el recluso. Estas imágenes despertaron controversia al mostrar que Zuleta no solo presenció el procedimiento, sino que habría liderado la entrega del arma, algo inusual para una autoridad legislativa.
La senadora explicó que su actuación correspondió a un “gesto de paz” y una acción encaminada a proteger la vida de alias Araña, quien sería el blanco de un atentado dentro del penal. Según Zuleta, su participación se dio tras recibir una alerta de la abogada de Marín Silva, Angélica Martínez, sobre el riesgo que corría el interno vinculado a un proceso de paz.
La congresista aseguró que, una vez tuvo conocimiento del caso, informó al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y que la entrega del arma se realizó de manera voluntaria, como muestra de compromiso con la reconciliación. Afirmó que presenció el procedimiento con el propósito de garantizar que se protegiera la vida de las personas involucradas y se preservaran las intenciones de paz del Gobierno.
El operativo, según información conocida, fue precedido por una reunión en la Casa de Nariño la noche anterior, en la que participaron altos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Dicho encuentro habría sido determinante para definir la intervención en La Picota, y en él se habría acordado la participación de la senadora en calidad de observadora del proceso.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados del allanamiento ni sobre el papel que desempeñó Isabel Zuleta en el procedimiento. Mientras tanto, el hecho ha generado debate sobre los límites institucionales y la forma en que el Gobierno ha intervenido en asuntos relacionados con la seguridad penitenciaria bajo el argumento de gestos de paz.
