La concejal Quena Ribadeneira y la edilesa Mónica Naar, de la localidad de Teusaquillo, radicaron una acción popular con el objetivo de suspender el contrato 078 de 2023, mediante el cual se arrendó a Ocesa Colombia un terreno público de más de 249.000 metros cuadrados. Según las denunciantes, el acuerdo carece de transparencia y viola principios fundamentales de contratación estatal, al haberse adjudicado de forma directa, sin licitación ni estudios técnicos independientes.
Ribadeneira explicó que, por el tamaño del predio y el valor del contrato —361 millones de pesos mensuales—, era obligatorio realizar un proceso de selección pública, que garantizara la participación de otros posibles oferentes. En su concepto, la Beneficencia de Cundinamarca y Ocesa habrían eludido la ley, favoreciendo a un único contratista sin abrir espacio a la competencia.
Señalan ausencia de licencias para las obras
Uno de los argumentos más contundentes de la demanda es que, a pesar de que la obra del recinto Vive Claro Bogotá está casi terminada, no cuenta con las licencias de construcción necesarias. Según un informe oficial de la Alcaldía Local de Teusaquillo, la curaduría urbana número 4 negó la licencia de cerramiento, y tampoco se han tramitado permisos clave como los relacionados con normas de sismorresistencia y planificación urbana.
El comunicado resalta que este incumplimiento compromete seriamente la legalidad del proyecto y pone en riesgo tanto la seguridad como la destinación del espacio público capitalino.
Se solicitan medidas urgentes al juez
Ante la gravedad de la situación, las demandantes solicitaron al juez la suspensión inmediata del contrato y su posterior terminación anticipada, con el fin de evitar un daño irreparable al espacio público y al interés colectivo. También solicitaron la intervención de varias entidades, como la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General, la Contraloría, la Personería, el Idiger y el Comité del Parque Simón Bolívar, para que ejerzan vigilancia sobre el caso y evalúen posibles sanciones.
Lo que está en juego para Bogotá
El caso ha generado una fuerte polémica en la capital, pues pone en entredicho el manejo de uno de los espacios públicos más importantes de Bogotá. El predio en cuestión forma parte del área adyacente al Parque Simón Bolívar, y su privatización temporal para eventos masivos podría tener efectos negativos sobre la movilidad, el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, según los críticos del proyecto.
