El Congreso de la República avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca penalizar el acoso sexual en medios digitales y fortalecer la protección de las víctimas. La iniciativa, impulsada por la senadora Clara López, del Pacto Histórico, propone castigar con penas de prisión de entre 15 y 50 meses a quienes divulguen sin consentimiento material íntimo de carácter sexual.
Un problema en crecimiento
El acoso y la violencia digital han aumentado en los últimos años, afectando principalmente a mujeres y menores de edad. Casos de «porno venganza», chantajes con contenido íntimo, acoso en redes sociales y otras formas de violencia digital han generado serias afectaciones psicológicas, sociales y laborales a las víctimas, quienes en muchas ocasiones no encuentran respaldo legal suficiente para castigar a los agresores.
Según la senadora López, la falta de regulación específica ha permitido que muchos casos queden en la impunidad, dejando a las víctimas sin herramientas para defenderse. «Es hora de que la justicia actúe frente a estas formas de violencia que están destruyendo vidas. La divulgación no consentida de material íntimo no es un simple error, es un delito que debe ser castigado con firmeza», señaló la congresista.
¿Qué establece el proyecto de ley?
El principal objetivo de la iniciativa es tipificar la violencia digital de género como un delito y establecer sanciones concretas para quienes la cometan. En este sentido, se plantea:
Penas de entre 15 y 50 meses de prisión para quienes divulguen contenido íntimo sin consentimiento, multas económicas para los responsables de este tipo de delitos, medidas de protección para las víctimas, incluyendo asesoría legal y psicológica, capacitaciones y campañas de concientización sobre el impacto de la violencia digital. El proyecto también contempla la posibilidad de aumentar la pena en casos donde la divulgación del material afecte a menores de edad o genere daños psicológicos severos en la víctima.
Reacciones y debates en el Congreso
La propuesta ha sido bien recibida por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, quienes consideran que es un paso fundamental para la protección de los derechos digitales y la integridad de las víctimas. No obstante, algunos sectores han manifestado inquietudes sobre la implementación de la ley y la claridad de sus términos.
Críticos del proyecto han señalado que es necesario precisar con mayor detalle los límites y alcances de la norma, para evitar interpretaciones ambiguas que puedan dar lugar a conflictos legales. Además, se ha planteado la necesidad de garantizar que existan mecanismos eficientes para denunciar estos delitos y que las víctimas reciban una respuesta rápida de las autoridades.
A pesar de estas preocupaciones, el proyecto sigue avanzando en el Congreso y se espera que en los próximos meses se realicen nuevas discusiones para ajustar los detalles de la iniciativa. Si se aprueba, Colombia se sumaría a otros países que han establecido regulaciones estrictas contra la violencia digital, brindando mayor seguridad a las personas que sufren este tipo de agresiones en el entorno virtual.
El avance de esta ley representa un esfuerzo por frenar una problemática que afecta a miles de personas en el país. Con el crecimiento del uso de redes sociales y plataformas digitales, la violencia en línea se ha convertido en un desafío urgente que requiere medidas concretas.
Si la iniciativa es aprobada, no solo se castigará a los responsables, sino que se enviará un mensaje claro sobre la importancia del respeto a la privacidad y la dignidad de las personas en el ámbito digital. Mientras tanto, las víctimas de este tipo de delitos siguen esperando justicia y protección en un entorno cada vez más expuesto a la vulneración de la intimidad.
