Ocho concejales respaldaron el proyecto para incrementar el impuesto predial en un 7%
En una decisión que ha generado debate en la ciudad, el Concejo Municipal aprobó el nuevo impuesto a la seguridad, propuesto por el gobierno local. Con 8 votos a favor y 5 en contra, el proyecto establece un incremento del 7% en el impuesto predial a partir del próximo año. Los recursos, estimados en 3.000 millones de pesos, serán utilizados para fortalecer la lucha contra la inseguridad, un tema prioritario para la administración y los ciudadanos.
Los concejales que respaldaron la iniciativa fueron Sebastián Prieto, Roberto Escobar, Dagoberto Gómez, Cristian Bautista, Camilo Perdomo, Juan Carlos Parada, Miller Osorio y el ponente del proyecto, Jesús Andrés Garzón. Según sus argumentos, este tributo permitirá modernizar la infraestructura tecnológica y de transporte, además de impulsar acciones sociales necesarias para combatir la criminalidad.
Detalles del proyecto aprobado
El nuevo impuesto aplicará un aumento del 7% sobre el impuesto predial, una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos locales. Según los cálculos oficiales, la medida permitirá recaudar aproximadamente 3.000 millones de pesos en 2025. Estos recursos estarán destinados a tres frentes fundamentales: tecnología, vehículos y programas sociales orientados a fortalecer la seguridad en la ciudad.
El ponente del proyecto, Jesús Andrés Garzón, aseguró que “la inseguridad ha alcanzado niveles preocupantes. Este impuesto permitirá la adquisición de sistemas de videovigilancia, modernización de vehículos para las autoridades y programas de prevención comunitaria que buscan atacar el problema desde la raíz”.
Oposición y críticas
No todos los concejales estuvieron de acuerdo con la aprobación del impuesto. Cinco cabildantes, Lourdes Mateus, Alejandro Serna, Humberto Perdomo, Héctor Javier Osorio y Johan Steed Ortiz, votaron en contra de la medida. Argumentaron que imponer una carga adicional a los ciudadanos en un contexto económico difícil no es la solución más adecuada.
“Estamos pidiendo a las familias capitalinas que paguen más, sin garantías claras de que la inseguridad disminuirá con esta medida”, expresó el concejal Alejandro Serna. Por su parte, Lourdes Mateus destacó que el impuesto podría afectar más a los sectores vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido a la inflación y el desempleo.
Reacciones de la comunidad
La decisión ha generado diversas reacciones en la ciudadanía. Mientras algunos consideran necesario fortalecer la seguridad en la ciudad, otros cuestionan si el cobro adicional será administrado de manera eficiente y transparente. Líderes comunitarios y representantes del sector privado también han solicitado una estricta vigilancia sobre la ejecución de los recursos.
“El problema no es el impuesto, sino el uso adecuado de esos 3.000 millones de pesos. La ciudad necesita resultados tangibles en temas de seguridad”, manifestó un líder del comercio local.
Expectativas
La administración local ha reiterado su compromiso con la seguridad y anunció que los detalles sobre la ejecución de los recursos se presentarán en los próximos meses. Se espera que el plan incluya indicadores claros para medir el impacto de esta inversión en la reducción de delitos y la percepción de seguridad en la ciudad.
El impuesto entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Entretanto, los ciudadanos estarán atentos a los avances en materia de seguridad, un tema que, sin duda, seguirá en el centro del debate público y político.
