El Cauca y la herida abierta del reclutamiento de menores

El Cauca vuelve a enfrentarse a una verdad que el país se ha negado a mirar de frente: el
reclutamiento de menores no es un fenómeno aislado, es una herida abierta que sigue
creciendo ante la indiferencia institucional y la capacidad de las disidencias para moverse
en los territorios con absoluta ventaja. Cada niño arrebatado es un fracaso del Estado y una
sentencia de dolor para familias que quedan atrapadas en la incertidumbre, la culpa y el
silencio impuesto por los grupos armados.
El caso del menor reclutado, desaparecido y finalmente hallado muerto en una finca
utilizada por las disidencias, revela no solo la crueldad de estos grupos, sino también la
precariedad de la presencia institucional en zonas rurales. Mientras las comunidades
denuncian, piden ayuda y buscan a sus hijos con volantes improvisados, los reclutadores se
desplazan con libertad, entrenan jóvenes, los obligan a pintar grafitis, los someten a trabajos
forzados y les venden la idea de un futuro que no existe. Lo que realmente encuentran es
servidumbre, vigilancia armada y una muerte que, como en este caso, intentan ocultar bajo
tierra.
La confesión de los cuatro jóvenes rescatados —obligados a cavar la fosa y enterrar el
cuerpo del menor— no solo estremeció a las autoridades, también mostró la magnitud del
terror que estas estructuras criminales ejercen. El miedo se convierte en herramienta de
control, en método de adoctrinamiento y en una forma de borrar la infancia incluso antes de
que termine. ¿Cómo puede hablar un niño de libertad si su vida depende de obedecer
órdenes bajo amenaza de muerte?
El operativo que permitió rescatar a varias víctimas, capturar a los presuntos reclutadores y
desarticular un núcleo del Frente Jaime Martínez es un avance, pero está lejos de ser una
solución estructural. Se requiere algo más profundo que una intervención puntual. El Cauca
necesita presencia real del Estado: escuelas fuertes, oportunidades económicas,
acompañamiento psicosocial, seguridad continua y una política pública que no solo
reaccione, sino que prevenga. Mientras tanto, cada operativo de rescate llega tarde para
alguien.
La madre del menor, que pasó 16 días entre llamadas confusas, esperanzas rotas y la
devastadora noticia final, representa a cientos de familias del Cauca que viven esta
pesadilla en silencio. Su historia no es la excepción: es el síntoma de una enfermedad
social que se agrava con cada niño reclutado, con cada fosa clandestina, con cada
comunidad forzada a callar por miedo a las represalias.
El Estado colombiano no puede seguir administrando el conflicto como si fuera una
estadística. El reclutamiento de menores es una violación profunda a los derechos humanos
y es también un recordatorio incómodo de que la guerra sigue viva, adaptada y
expandiéndose en los territorios con menos oportunidades. Si el país no escucha estas
voces, no investiga estos crímenes y no protege a los niños del Cauca con la misma
urgencia con la que celebra cada acuerdo firmado en Bogotá, seguiremos llorando infancias
perdidas. En el Cauca, la niñez está en disputa: entre la promesa vacía de las armas y el
abandono del Estado. Y mientras esa disputa persista, la violencia seguirá ganando terreno.
El país no puede permitirse ignorarlo.