Por: Laura Cabanzo
El campo colombiano ha sido históricamente uno de los escenarios más afectados por la violencia, la pobreza y la desigualdad. A pesar de su importancia estratégica para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, las zonas rurales han sido sistemáticamente relegadas por el Estado, convirtiéndose en territorios marcados por el abandono y la exclusión.
La concentración de la tierra es uno de los problemas estructurales más graves. Un reducido número de propietarios controla grandes extensiones, mientras millones de campesinos carecen de tierra o poseen parcelas insuficientes para garantizar su subsistencia. Esta desigualdad ha sido una de las principales causas del conflicto armado y sigue siendo una fuente de tensiones sociales.
La falta de infraestructura básica agrava la situación. Vías en mal estado, escaso acceso a servicios de salud, educación deficiente y ausencia de conectividad limitan las posibilidades de desarrollo rural. Para muchos campesinos, sacar sus productos al mercado resulta más costoso que producirlos, lo que desincentiva la actividad agrícola.
El Acuerdo de Paz de 2016 reconoció la necesidad de una reforma rural integral, pero su implementación ha sido lenta e incompleta. Sin una presencia estatal efectiva, los territorios rurales continúan siendo disputados por grupos armados ilegales que controlan economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
A pesar de estas dificultades, el campesinado colombiano ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. Organizaciones agrarias, comunidades indígenas y afrodescendientes siguen defendiendo sus territorios, sus saberes ancestrales y su derecho a una vida digna.
El futuro del país depende en gran medida de lo que ocurra en el campo. Fortalecer la economía rural, garantizar acceso a la tierra y reconocer al campesinado como sujeto de derechos no es solo una deuda histórica, sino una condición indispensable para una paz duradera y un desarrollo equilibrado.
