La situación fiscal de Colombia se perfila como uno de los principales retos a enfrentar en 2025, según Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, al advertir que el Gobierno deberá presentar de manera formal el próximo 14 de junio el marco fiscal de mediano plazo al Congreso de la República, como base para la programación del presupuesto para 2026.
“Igualmente, este marco fiscal de mediano plazo se debe presentar a la comisión legal de cuentas y de la misma manera operará como documento fundamental para la realización de la reunión de revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con miras a la obtención de la continuidad o no de la línea de crédito flexible con el FMI”, resaltó Amorocho
Alza marcada en el gasto del sector público
Para el experto en hacienda pública, el panorama fiscal está marcado por un incremento significativo en el gasto público durante 2024, impulsado principalmente por un aumento del 20,3 % en los gastos de funcionamiento, incluyendo el servicio de la deuda. De otra parte, sin considerar la deuda, el crecimiento de los gastos de funcionamiento asciende al 25,8 %, impulsado por un alto número de contratos de prestación de servicios por fuera de nómina.
Amorocho subraya que el gasto en funcionamiento creció un 14 % en términos reales, superando por más de ocho veces el crecimiento económico del 1,7 % registrado el año pasado. Por su parte, la deuda pública presentó un crecimiento real del 11 %, seis veces superior al crecimiento del PIB.
En contraste, los ingresos del Estado apenas crecieron un 2,33 % nominal, lo que ha generado un déficit fiscal del 6,7 % y una deuda pública cercana al 61 % del PIB, muy cercana al ancla de deuda del 65 % establecida por las autoridades financieras internacionales. Además, el país enfrenta un rezago presupuestal de $30 billones a abril 30 de 2025.
FMI aconseja fortalecer la política fiscal
De acuerdo con Amorocho, el FMI ha recomendado a Colombia aprovechar la revisión autoimpuesta del acuerdo de la línea de crédito flexible para realizar ajustes en el gasto público, particularmente en los gastos de funcionamiento. Se estima que los ajustes necesarios podrían rondar los 30 billones de pesos, además de una reevaluación de los ingresos tributarios y un mayor esfuerzo en la lucha contra la evasión fiscal.
“En el contexto actual, el sector privado ha mostrado signos de recuperación en el crecimiento del PIB, pues según el DANE se logró un nivel del 2.7 % del PIB en el primer trimestre de 2025, impulsado por el crecimiento del sector agropecuario, el comercio y la industria manufacturera. Igualmente, la actual dinámica y las buenas perspectivas que una adecuada diplomacia comercial tendría sobre el sector externo de la economía, coadyuvarían para sostener un crecimiento económico entre el 2,6 % y el 2,7 % al cierre de 2025, particularmente por el aumento de exportaciones menores”, anoto Amorocho.
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario proyecta que al cierre del año la inflación podría ubicarse en torno al 4.2 % y las tasas de intervención del Banco de la República en un 8.2 %. «Es momento de sincerar las cuentas y realizar los ajustes necesarios para que la economía colombiana logre un crecimiento sostenible y se encamine hacia la recuperación económica», concluyó el académico.
Análisis del Panorama Fiscal de Colombia (2024–2026)
1. Incremento del Gasto Público en 2024 y 2026
Durante los años 2024 y 2025, Colombia ha experimentado un aumento significativo en el gasto público, especialmente en los gastos de funcionamiento. Según el profesor Henry Amorocho de la Universidad del Rosario, el gasto en funcionamiento del Gobierno nacional tuvo un incremento real del 14%, cifra que supera ampliamente el crecimiento económico del país, que fue de apenas 1,7% el año pasado.
Este aumento se ha concentrado principalmente en los rubros de funcionamiento y servicio de la deuda, reflejando una presión creciente sobre las finanzas del Estado.
2. Déficit Fiscal y Endeudamiento
El incremento del gasto no ha sido acompañado por un aumento proporcional en los ingresos. Los ingresos del Estado apenas crecieron un 2,33% nominal, lo que generó un déficit fiscal del 6,7% y una deuda pública cercana al 6% del PIB, muy cercana al ancla de deuda del 65% establecida por las autoridades financieras internacionales.
Además, el país enfrenta un rezago presupuestal de $30 billones a abril 30 de 2025 y la suspensión de la línea de crédito flexible del FMI.
3. Impacto en el Presupuesto General de la Nación 2026
El deterioro de las finanzas públicas en 2024 y 2025 sigue jugando en contra de la estabilidad fiscal hacia el futuro. El presupuesto nacional del 2026 no se salvaría de la crisis fiscal, según las más recientes alertas del experto en Hacienda Pública Henry Amorocho.
El anteproyecto de PGN para el año 2026 propone un monto total de $521,2 billones, lo que representa una disminución del 2% real en comparación con el año anterior. En específico, mientras que el gasto de funcionamiento disminuye solo en 2% real, la inversión caería 27%, pasando de $81 billones a $59 billones.
4. Advertencias de Agencias Internacionales
La calificadora Moody’s ha advertido que la deuda pública de Colombia pone en riesgo la calificación soberana del país. Si la consolidación fiscal planificada no logra estabilizar la deuda pública y cumplir con las directrices fiscales, la calificación crediticia podría ser degradada.
Recomendaciones para Mitigar el Riesgo Fiscal
- Implementar un Presupuesto de Caja: Limitar la ejecución del gasto a los ingresos efectivamente recaudados para evitar un mayor endeudamiento y asegurar la sostenibilidad fiscal.
- Reevaluar Contratos de Prestación de Servicios: Revisar y optimizar los contratos de prestación de servicios por fuera de nómina, que han contribuido al aumento del gasto en funcionamiento.
- Fortalecer la Política Fiscal: Aprovechar la revisión del acuerdo de la línea de crédito flexible con el FMI para hacer ajustes en el gasto público, especialmente en los gastos de funcionamiento.
- Promover la Transparencia y la Responsabilidad Fiscal: Asegurar que el gasto público se realice con criterios técnicos y de sostenibilidad fiscal, evitando su uso con fines proselitistas.
