Los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) son ahora los principales administradores de las fuentes hídricas del departamento, tras la expedición del Decreto 1094 de 2024, firmado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado.
El decreto otorga a las autoridades indígenas del Cric la facultad plena para gestionar y decidir sobre el uso del agua, de acuerdo con sus sistemas propios de gobierno y su cosmovisión ancestral. Esto significa que cualquier captación o uso de las aguas en territorios que tradicionalmente han habitado los pueblos indígenas dependerá ahora de las decisiones de sus cabildos.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida como un reconocimiento de los derechos históricos y culturales de las comunidades indígenas sobre los recursos naturales de su territorio, la decisión ha generado molestia entre otros actores sociales y campesinos del Cauca.
Varios habitantes rurales y organizaciones campesinas han denunciado cobros indebidos y restricciones para acceder al agua, lo que ha aumentado las tensiones en una región ya marcada por conflictos sociales y por la escasez en algunas zonas.
Las autoridades del Cric, por su parte, aseguran que están actuando dentro del marco legal y que su intención no es excluir a nadie, sino proteger las fuentes hídricas y garantizar un uso sostenible y equitativo para todos los habitantes del departamento.
El debate sigue abierto. Mientras unos celebran lo que consideran un avance histórico para los derechos de los pueblos indígenas, otros reclaman reglas más claras para garantizar el acceso al agua como bien común.