En lo corrido de 2025, ya son 555 artefactos explosivos improvisados los que han sido neutralizados en este corregimiento, una cifra que refleja la persistente amenaza que enfrentan las comunidades rurales del sur del país y, al mismo tiempo, el esfuerzo constante de las autoridades para evitar tragedias y proteger la vida de más de 10.000 habitantes que residen en esta zona estratégica del suroccidente colombiano.
En el marco de operaciones ofensivas adelantadas por las Fuerzas Militares para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 del Ejército Nacional identificaron un área minada que había sido preparada con artefactos explosivos pertenecientes a la estructura criminal del grupo armado organizado residual GAO-r Estructura Carlos Patiño, una de las organizaciones que más ha recurrido al uso de este tipo de medios y métodos prohibidos para obstaculizar el control territorial y la presencia institucional.
Los artefactos se encontraban camuflados en una zona boscosa utilizada frecuentemente por la población para actividades agrícolas y de tránsito, lo que aumentaba el riesgo de que campesinos, niños o incluso vehículos de transporte resultaran afectados. Gracias a la reacción inmediata de las tropas, el peligro fue detectado antes de que pudiera producir una tragedia de grandes proporciones.
De manera inmediata, los especialistas del Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) aplicaron los protocolos de seguridad establecidos, acordonaron el área e iniciaron el proceso técnico para realizar la destrucción controlada de los siete artefactos explosivos hallados. La operación se llevó a cabo sin inconvenientes, permitiendo neutralizar completamente la amenaza y garantizando que ni los militares ni los habitantes del corregimiento resultaran lesionados.
Este resultado operativo representa un golpe a las intenciones del GAO-r, que continúa empleando prácticas terroristas para afectar la movilidad, intimidar a la comunidad y frenar las labores de seguridad adelantadas por el Ejército en la región. Además, la instalación de estos elementos constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, pues pone en riesgo a la población civil, desconoce las normas de protección y demuestra el actuar indiscriminado de estas estructuras ilegales.
El Ejército Nacional reiteró su rechazo contundente a estas acciones criminales y afirmó que continuará desarrollando operaciones sostenidas y articuladas con otras instituciones del Estado para desmantelar las capacidades armadas, logísticas y financieras de estos grupos. De igual forma, aseguró que mantendrá su presencia en la zona para brindar seguridad a las comunidades y garantizar condiciones de estabilidad que permitan el desarrollo social y económico del suroccidente del país.
